CUESTIONAMIENTO. El presidente de la institución Jean Pierre Antelo, cuestionó que los bloqueos de carreteras persisten, a pesar de que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó las modificaciones de la Ley 1720, que era la principal demanda de los sectores movilizados. Las regiones están afectadas por la falta de alimentos y oxígeno hacia los hospitales.
El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, espera que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), se convierta en el espacio de debate de las nuevas leyes que el ejecutivo anunció enviar en los siguientes días para sacar al país de la crisis económica.
Asimismo, Antelo cuestionó a los sectores que mantienen diferentes puntos de bloqueos en el país, principalmente en La Paz, exigiendo la abrogación de la Ley 1720 de reconversión agraria; a los cuales pidieron trasladar el debate político sean trasladados al parlamento y no a las carreteras.
La postura institucional se da después que la Cámara de Diputados aceptará las modificaciones realizadas por el Senado de que el Senado allanara el camino para o de la Ley 1720, y aprobará la nueva normativa que el Ejecutivo debe promulgar.
“El debate y las demandas deben trasladarse a la Asamblea desde las regiones que tienen representantes a través de sus diputados y senadores. No hay motivos para seguir bloqueando”, remarcó Antelo, tras la decisión en la cámara baja.
El presidente de Cainco aseguró que los bloqueos forman parte de una “herencia política” que durante años restringió la transitabilidad y frenó el desarrollo económico del país. Asimismo, lamentó que productores y empresarios enfrentan dificultades para comercializar productos bolivianos y acceder a mercados.
“Lo único que le están haciendo daño es al ciudadano, al empresario, al emprendedor y al futuro y al desarrollo del país”, sostuvo Antelo.
Ley aprobada en Diputados
Entre las modificaciones incorporadas por el Senado y aceptadas en Diputados se incluyen dos disposiciones transitorias finales que establecieron que ambas cámaras legislativas deberán concretar, en un plazo no mayor a 60 días, un nuevo marco normativo que define las condiciones y procedimientos para una eventual conversión de la pequeña propiedad agraria.