El Partido Comunista de Venezuela (PCV), a través de Neirlay Andrade, integrante de su buró político, exigió este lunes una investigación independiente sobre la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, quien falleció bajo custodia del Estado.
Andrade denunció que, tras su detención arbitraria en enero de 2025, las autoridades ocultaron su deceso desde julio de ese año, negando información a sus familiares a pesar de las constantes gestiones de su madre ante entes gubernamentales.
“Todo el país lo vio, la opinión pública lo vio, parece que las autoridades venezolanas fueron las únicas que no lo vieron, a su madre recorrer distintos centros penitenciarios del país y oficinas de entes gubernamentales, exigiendo información sobre el paradero de su hijo, no hubo información oportuna al respecto”, aseguró.
La organización calificó el hecho como una “tragedia nacional” que evidencia la crisis del sistema judicial venezolano.
La vocera del PCV subrayó la gravedad de las irregularidades en el caso, señalando que la Defensoría del Pueblo emitió comunicaciones oficiales situando a Quero Navas en el centro penitenciario El Rodeo I meses después de su fallecimiento.
Asimismo, cuestionó que un tribunal negara una solicitud de amnistía apenas un día antes de que se hiciera pública su muerte. Andrade instó a que se establecieran responsabilidades penales contra altos cargos, mencionando específicamente al ex Fiscal General Tarek William Saab, al ex Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz y al actual Ministro de Asuntos Penitenciarios.
Andrade también alertó sobre la situación de los derechos humanos en el país, citando informes de ONG que contabilizan más de 20 personas bajo desaparición forzada y casi 30 fallecimientos en custodia estatal en los últimos años.
Ante este escenario, el PCV hizo un llamado a activistas y defensores de derechos humanos para articular un espacio de resistencia frente a lo que denominaron una “deriva autoritaria” que vulnera el derecho fundamental a la vida y el debido proceso de los ciudadanos detenidos.
“Nosotros en última instancia queremos exhortar a las organizaciones de derechos humanos, a los defensores de derechos humanos, a los activistas sociales, a impulsar una iniciativa, un espacio de articulación para hacer frente a esta deriva autoritaria, a este desarrollo moral del sistema y de la institucionalidad judicial venezolana que está destruyendo vertiginosamente los derechos fundamentales del pueblo venezolano”, subrayó.
Caso Pdvsa criptoEl PCV vinculó esta “deriva autoritaria” de las instituciones con el secretismo en el juicio de PDVSA Cripto, donde están implicados altos jerarcas del PSUV como Tareck El Aissami. La organización exigió que este proceso sea público y transparente.
Para el PCV, es necesario que el país conozca las deliberaciones de este juicio por tratarse de la principal industria nacional. La vocera cuestionó si existen funcionarios actuales en el poder que estuvieron vinculados a esas directivas y que hoy gozan de impunidad, mientras el sistema judicial se ensaña contra los derechos fundamentales del pueblo.
Liquidación de los derechos laboralesAndrade también se refirió a las declaraciones del ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, quien calificó las prestaciones sociales como una “mentira”. El PCV ve en esto un intento de la cúpula gubernamental por liquidar los ahorros históricos de los trabajadores.
El dirigente recordó que, mientras se pretende beneficiario a los patrones y Fedecámaras, el salario mínimo lleva cuatro años congelado. Esta política ha ocurrido en un contexto donde la inflación anualizada de 2025 alcanzó el 475%, lo que demuestra que el aumento de sueldos no es la causa del alza de precios, sino la gestión económica oficial.
Un tercio de la población en pobreza extremala organización alertó sobre las consecuencias humanas de este modelo. Citando datos de la encuesta ENCOVI, Andrade denunció que la mitad del país vive en la pobreza y un tercio en pobreza extrema. Esta precariedad se refleja en que solo el 10% de los hogares tiene luz regular y apenas el 19% accede a agua diariamente.
Ante esta situación, el PCV hizo un llamado urgente a la articulación de sectores sociales y sindicales. Instaron a los trabajadores, activos y jubilados, a unir fuerzas para luchar por el rescate del salario y las pensiones, enfrentándose a lo que consideran una “descomposición moral” del sistema que prioriza los intereses de élite sobre la vida del pueblo.