JUICIO. La audiencia fue fijada para las 8:20 por el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de Tarija, que dispuso que el proceso se desarrolló bajo reserva judicial para proteger la identidad de la presunta víctima.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, deberá enfrentar este lunes 11 de mayo el inicio del juicio oral por el delito de trata de personas agravada en Tarija, en un caso que se remonta a 2015 y que se ha convertido en uno de los procesos judiciales más delicados en su contra.
La audiencia fue fijada para las 8:20 por el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de Tarija, que dispuso que el proceso se desarrolló bajo reserva judicial para proteger la identidad de la presunta víctima.
Según la acusación del Ministerio Público, Morales habría mantenido una relación con una adolescente de 15 años, quien posteriormente dio a luz. La Fiscalía sostiene que existen más de 170 pruebas documentales, testificales y periciales que respaldan la imputación.
La defensa del exmandatario confirmó que fue notificado formalmente sobre el inicio del juicio; Sin embargo, su abogado, Nelson Cox, adelantó que Morales no asistiría a la audiencia, argumentando supuestas irregularidades en la notificación y denunciando una “persecución política”.
En caso de inasistencia, el tribunal podría ratificar la declaratoria de rebeldía y activar nuevas medidas judiciales en su contra. El juzgado también solicitó reforzar las medidas de seguridad debido a la relevancia política y mediática del proceso.
El caso mantiene alta tensión política en el país, mientras sectores afines al líder cocalero denuncian “lawfare” y sus detractores exigen que la justicia actúe sin privilegios ni interferencias.
El caso volvió a instalarse en el centro del debate político boliviano luego de que, en 2024, la Fiscalía reactivara la investigación tras nuevas actuaciones judiciales y pedidos de organizaciones civiles que exigían avanzar con el proceso. Desde entonces, el entorno de Morales denunció que el caso busca impedir una eventual candidatura presidencial del líder cocalero.
En paralelo, sectores opositores y colectivos defensores de los derechos de la niñez demandaron que el juicio avance sin dilataciones y bajo garantías de independencia judicial. Distintas organizaciones consideran que este proceso podría marcar un precedente en Bolivia respecto al tratamiento de delitos vinculados a violencia sexual y trata de personas que involucren a figuras políticas de alto perfil.
El caso mantiene alta tensión política en el país, mientras sectores afines al líder cocalero denuncian “lawfare” y sus detractores exigen que la justicia actúe sin privilegios ni interferencias.
Agencias