El gobierno de Estados Unidos dio otro paso en la flexibilización de sanciones sobre Venezuela al autorizar este martes la prestación de servicios de asesoría legal y financiera para preparar una eventual reestructuración de la deuda soberana y de la estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa).
La medida se formalizó mediante la licencia general 58 emitida por el Departamento del Tesoro, que permite a bufetes de abogados, firmas consultoras y asesores financieros establecer contactos con las autoridades venezolanas y sus entidades, con el objetivo de avanzar en estudios preliminares sobre los pasivos del país.
De acuerdo con el documento oficial, los servicios autorizados incluyen “la evaluación, el desarrollo o la preparación de opciones de reestructuración de la deuda, propuestas y materiales de apoyo relacionados”.
Sin embargo, la licencia establece límites claros: no autoriza aún procesos formales de reestructuración, renegociación, transferencia ni acuerdos directos con acreedores, lo cual indica que el proceso se encuentra en fase inicial y preparatoria.
La decisión ocurre en medio de cambios progresivos en la política de sanciones de Washington hacia Caracas. Desde principios de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro el gobierno estadounidense ha emitido licencias que han permitido reactivar parcialmente operaciones en el sector energético, incluida la participación de grandes compañías internacionales en proyectos petroleros.
Este nuevo paso se produce semanas después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció el restablecimiento de relaciones con Venezuela tras años de suspensión, lo que abre la puerta a un eventual acceso a programas de asistencia financiera, aunque aún sujeto a evaluaciones técnicas y condiciones específicas.
Reestructuración de deuda venezolana genera optimismo en los mercados financieros internacionalesLa reestructuración de la deuda venezolana es considerada uno de los procesos más complejos a escala global. El país se mantiene cerca de 60.000 millones de dólares en bonos en mora desde 2017, mientras que el total de compromisos impagos –incluidos laudos arbitrales y préstamos– supera ampliamente esa cifra.
El anuncio tuvo impacto inmediato en los mercados: los bonos venezolanos registraron alzas tras conocerse la medida, reflejando el interés de los inversionistas ante la posibilidad de un proceso ordenado de negociación en el futuro.
Fuentes del sector financiero señalan que la autorización para contratar asesores representantes un paso clave para estructurar una estrategia de negociación con acreedores, aunque todavía falta que Washington permita conversaciones directas y acuerdos formales.
Organismos multilaterales como bancos y tenedores de deuda permanecen a la expectativa, pues aún no cuentan con autorización para participar plenamente en una eventual reestructuración.