El diputado Henrique Capriles Radonski rechazó que el Estado venezolano asuma los costos de la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores, al considerar que existen recursos suficientes en su entorno para cubrirlos.
Durante una rueda de prensa, el también exgobernador de Miranda subrayó que su postura es estrictamente personal y que, a su juicio, no existe justificación para que el Estado asuma esos costos legales. “Yo no estoy de acuerdo que el Estado venezolano pague la defensa de Nicolás Maduro”, afirmó.
El dirigente opositor sostuvo además que tanto el exmandatario como su círculo cercano disponen de solvencia económica para enfrentar sus procesos judiciales. “Estoy seguro de que Nicolás Maduro y su entorno tienen capacidad económica para pagar a sus abogados”, expresó.
Capriles comparó este caso con el de otros detenidos en Venezuela, señalando lo que considera diferencias en el acceso a la defensa privada. “A ningún preso político de los que fueron liberando les permitieron poner su defensa privada, a ninguno”, dijo.
Defendió que el derecho a la defensa debe garantizarse de forma equitativa, aunque criticó la forma en que -a su juicio- se ha aplicado en otros procesos.
“A Maduro le están dejando poner su defensa privada, ese es el deber ser, que te permitirá nombrar tus defensores privados, pero no solamente a los presos políticos… sino además les pusieron unos defensores públicos para terminar de enterrarlos”, agregó.
Capriles: “Maduro tiene capacidad económica para pagar su defensa”Capriles reiteró que su posición no responde a una lógica de revancha política, sino a una visión crítica sobre el uso de los recursos públicos. “Yo no estoy en aquella de que ojo por ojo, diente por diente, nunca ha sido mi visión del revanchismo… pero estoy seguro sin saber cuánto cuesta la defensa de Maduro, que Maduro tiene capacidad económica, él y su entorno, para pagar su defensa”.
Las declaraciones se producen en medio del debate generado tras la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que habría flexibilizado sanciones para permitir el uso de fondos del Estado venezolano en la defensa legal de Maduro y su esposa bajo condiciones específicas, según documentos judiciales recientes.