La organizacion de derechos humanos Provea exigió que la reforma del sistema de justicia penal, anunciada por Delcy Rodríguez, “sea integral, transparente y con participación amplia de distintos actores”. Advirtió que cualquier cambio limitado o politizado “no resolverá la profunda crisis estructural del sistema judicial”.
A través de un comunicado, la organización recordó que la construcción de un Sistema de Administración de Justicia eficiente, independiente y ajustada a la Constitución es una deuda histórica del Estado venezolano. Destacó que el sistema ha funcionado con fallas estructurales relacionadas con la discriminación, la burocracia, la corrupción y la estigmatización por décadas.
Provea mencionados antecedentes históricos para sustentar su diagnóstico. Entre estos, recordó que en 1986 la extinta Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre) advirtió sobre la grave crisis del sistema judicial. La Copre destacó que estaba marcada por la corrupción, el retardo procesal y la politización.
También señaló que en 1991 actores institucionales describían a la entonces Corte Suprema de Justicia como un organismo “facilitador de impunidad y debilitamiento del Estado de derecho”.
Provea precisamente que estas deficiencias se profundizaron durante las últimas décadas. “Durante los 25 años de gestión de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el Sistema de Administración de Justicia (SAJ) fue definitivamente demolido”, sentencia.
Expresamos algunas reflexiones sobre la creación de la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre Reforma de Justicia Penal, anunciada por la Presidenta (E) @delcyrodriguezv.
– Construir y consolidar un Sistema de Administración de Justicia (SAJ), que responde a las… pic.twitter.com/hVniFcIk5I
– PROVEA (@_Provea) 25 de abril de 2026 Reforma del sistema judicial en VenezuelaUno de los principales objetivos planteados es lograr una reestructuración profunda centrada en la renovación masiva del Tribunal Supremo de Justicia.
En este proceso aseguran que quieren desvincular al máximo órgano de las influencias políticas previas para garantizar una justicia que el gobierno denomina soberana y gratuita.
Actualmente, el enfoque se desplaza hacia la eliminación de retrasos procesales crónicos y la normalización del sistema tras el cierre de los períodos de amnistía excepcional.