Un grupo de familiares de ciudadanos colombianos privados de libertad en Venezuela pidió este viernes la intervención del presidente Gustavo Petro, con el objetivo de lograr la liberación de 16 personas que se encuentran detenidas bajo acusación relacionada con el delito de “terrorismo”.
La solicitud fue difundida mediante una carta pública emitida por el Comité de Familiares por la Libertad de los Falsos Positivos Tancol, denominación empleada por las autoridades venezolanas para referirse a supuestos “terroristas armados narcotraficantes colombianos”. En el documento, los firmantes exhortan al mandatario colombiano a asumir una mediación “inmediata y directa” ante el gobierno venezolano.
Dentro de las peticiones planteadas, el colectivo solicitó que se promueva la “revisión inmediata” de los expedientes judiciales de los detenidos, así como la posibilidad de que estos casos sean incluidos en un proceso de amnistía que permita su liberación.
Familiares exigen asistencia consular y seguimiento a detenidos colombianosLos familiares también insistieron en la activación de mecanismos de asistencia consular por parte del Estado colombiano, además de la autorización de acceso a los centros de reclusión donde permanecen los 16 ciudadanos, con el fin de constatar sus condiciones de salud y detención.
De igual forma, propusieron la creación de una instancia de seguimiento conjunto con la Cancillería de Colombia, que permita dar seguimiento al estado procesal de los afectados y conocer los avances de sus casos.
Según el contenido de la carta, los detenidos provienen de distintos oficios y condiciones sociales, incluyendo campesinos, mecánicos, enfermeras y trabajadores, a quienes militares el comité describe como víctimas de “falsos positivos” en el marco de operaciones asociadas a la categoría “tancol”, implementada por el gobierno venezolano desde 2021.
Detenidos sin orden judicial enfrentan torturas y acusación de terrorismoEl colectivo sostuvo que “fueron detenidos sin orden judicial ni flagrancia, la mayoría de ellos fueron torturados, fueron incomunicados, se les forjó un expediente judicial y enfrentan cargos o han sido condenados ya por el delito de terrorismo”.
En meses anteriores, específicamente en marzo, familiares de detenidos y activistas de la ONG Surgentes acudieron al Parlamento venezolano para exigir la revisión de casos vinculados a acusación de terrorismo, señalando que varios de ellos no han sido incluidos en la ley de amnistía aprobada en febrero.
Durante esa jornada, el activista Oglis Ramos indicó que existen cerca de 140 personas procesadas por presuntos vínculos con los denominados grupos “tancol”.
La ley de amnistía contempla hechos ocurridos desde 1999, año de inicio del chavismo en el poder, hasta la actualidad; sin embargo, excluye determinados delitos y situaciones específicas, como operaciones militares, corrupción, homicidios y violaciones de derechos humanos, lo que ha generado reclamos por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos.