La presidenta encargada de VenezuelaDelcy Rodríguez, oficializó este jueves el cierre definitivo de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y el lanzamiento simultáneo de una vasta reforma judicial.
El cese de la normativa de amnistía marca la conclusión de un proceso que se inició el 19 de febrero con el fin de pacificar el clima social. Rodríguez brindó un balance detallado sobre la aplicación de esta ley y resaltó el esfuerzo administrativo que llevaron a cabo los organismos del Estado para cumplir con cada una de las pautas establecidas.
Según las cifras oficiales que suministró el gobierno, se recibieron cerca de 12.000 solicitudes de personas interesadas en obtener este beneficio legal de excepción. Tras el análisis de cada legado, un total de 8.616 beneficiarios recuperaron la libertad plenahecho que la mandataria demostró un paso vital hacia la armonía política.
Delcy Rodríguez encabeza el inicio de la Gran Peregrinación Nacional en el Puente General Rafael Urdaneta. Presidencia de Venezuela – XinHuaNo obstante, la funcionaria aclaró que la finalización de este régimen legal no deja sin opciones aquellos casos que la normativa excluyó de forma taxativa o que no entraron en sus alcances. Rodríguez explicó que el país cuenta con nuevos espacios de dialogo y una serie de mecanismos de reforma judicial que están diseñados para atender estos expedientes pendientes.
Tanto el programa de convivencia democrática y paz como la nueva comisión de consulta nacional funcionarán como los canales institucionales para que la población pueda elevar sus quejas y pedidos de revisión. El Ejecutivo busca que la transición legal sea ordenada y sin vacíos de poder ante los reclamos sociales.
reforma judicialAl mismo tiempo, la mandataria suscribió el decreto de creación para la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal.
El propósito central de esta nueva entidad técnica es la garantía total de un acceso a la justicia que sea equitativo y que no permita ningún tipo de discriminar hacia los ciudadanos.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas. ZURIMAR CAMPOS – Presidencia de VenezuelaEn cuanto a la estructura de la Comisión para la Gran Consulta Nacional, la presidenta interina definió un perfil técnico y político de alto nivel. La funcionaria designó al fiscal general, Larry De Voepara que desempeñe el papel de secretario en esta instancia de reforma.
El pedido de Rodríguez fue taxativo: el equipo debe efectuar un abordaje profundo del sistema con una sólida perspectiva en derechos humanos.
Esta directriz busca que el proceso penal en Venezuela se modernice y se ajuste a los tratados internacionalescon el fin de erradicar prácticas arbitrarias y fortalecer la seguridad jurídica de los habitantes en todo el territorio nacional.
Durante su intervención ante los medios y los funcionarios presentes, Rodríguez calificó esta reforma integral de una deuda impostergable que el Estado mantiene con el pueblo venezolano.
Manifestantes opositores marchan en Caracas exigiendo elecciones, el jueves 9 de abril. JUAN BARRETO – AFPEn tono firme, la mandataria interna solicitó a los actores que formen parte del sistema de justicia que trabajan de manera coordinada y que dejan de lado las internas burocráticas para priorizar el bienestar social.
Destacó la necesidad de corregir los vicios y desviaciones de poder que perturban el accionar de los tribunales y que generan desconfianza en la opinión pública. Para Rodríguez, la reforma es el único camino para dar una respuesta real a los reclamos ciudadanos.
La estrategia del gobierno nacional apunta a consolidar un marco de paz social a través de la institucionalidad y no solo mediante medidas de carácter extraordinario como lo fue la amnistía. Al finalizar el acto, la funcionaria reafirmó que el fin de la ley abre una nueva etapa donde la ley se aplicará con igual rigor para todos, pero con mecanismos de revisión más transparentes.
La creación de la consulta nacional es la apuesta del oficialismo para renovar el vínculo ciudadano con la ley y para demostrar un compromiso firme con la reforma institucional. Con estos anuncios, el Palacio de Miraflores busca cerrar las heridas del pasado reciente y proyectar un sistema judicial que sea un ejemplo de rectitud para la región.
Opositores al gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez se manifiestan en Caracas el 8 de abril de 2026. JUAN BARRETO – AFP