Historia de James. Foto: ArchivoEn un extenso trabajo publicado en el portal de The Atlantic Council, (https://www.atlanticcouncil.org/dispatches/washington-needs-a-plan-venezuela-before-its-too-late/) el exembajador de Estados Unidos en Venezuela James Story, conjuntamente con un exmilitar estadounidense, David Bellon, se dispusieron a elaborar una propuesta para la reconstrucción institucional de Venezuela derivada de sus experiencias en la aplicación del Plan Colombia. Lo denominaron el “Plan Venezuela”. Básicamente orientan su propuesta en casi que una copia al carbón del llamado Plan Colombia ejecutado por Estados Unidos a partir de la década de los noventa y aplicarlo aquí en Venezuela. Leído y releído el trabajo que seguramente estuvo imbuido de la buena fe que caracteriza a sus autores, en especial al embajador Story, hay varias observaciones que es necesario resaltar.
En primer lugar, el trabajo inicia diciendo: “El peligro actual radica en que Washington trate un avance diplomático y político en Venezuela como un estado final, en lugar de considerarlo la línea de partida para la ardua y paciente labor de reconstrucción institucional”. En este sentido, tanto Marco Rubio como todos los voceros del gobierno de Trump han dicho que el proceso tiene tres fases: estabilización, recuperación y transición. Apenas estamos comenzando. El derrocamiento de Maduro y su sustitución por Delcy Rodríguez ha ocurrido hace apenas 3 meses. De allá para aquí se ha avanzado bastante en lo económico y aun cuando la reinstitucionalización ha sido más lenta, ha habido avances. La liberación de los presos políticos es un hecho palpable. Claro está, no podemos cegarnos y negar el hecho de que todavía faltan muchos por liberar. Se nombró una defensora del pueblo más autónomo y un nuevo fiscal cuyas demostrarán si actuarán con la autonomía requerida en esos cargos y no sumisos al PSUV, como lo fueron sus antecesores. El desmontaje de la estructura legal de represión es un imperativo. Por ello hemos introducido sendos recursos solicitando la nulidad tanto de la Ley contra el Odio como la Ley Simón Bolívar contra el Bloqueo, ambos instrumentos destinados a llamar a la disidencia. La Sala Constitucional recibió los recursos, lo cual es un avance, por cuanto difícilmente lo hubiera hecho antes del 3 de enero. Sin embargo, todavía estamos a la espera del pronunciamiento sobre su admisión. Este proceso y su vigilancia debe ser monitoreado por los venezolanos y presionar para que las reformas se hagan. Debemos aprovechar el relajamiento de las restricciones a la libertad de expresión para exigir esas reformas. Los parlamentarios de la oposición que hay en la Asamblea Nacional deben convertirse en caja de resonancia del anhelo popular.
En segundo lugar, la propuesta parte de la premisa de que el llamado Plan Colombia fue exitoso para la hermana República. Allí comienzan nuestras dudas. Originalmente creado y financiado para combatir el narcotráfico y la recomposición institucional de la Colombia de la época, sus resultados no han sido del todo exitosos. Si analizamos los resultados del plan en el área específica de su lucha contra el narcotráfico, podemos concluir que ha sido un completo fracaso. El Plan Colombia no solo no ha acabado con el narcotráfico, sino que las propias estadísticas han demostrado que los cultivos de la hoja de coca y la producción de cocaína se han incrementado. Cientos de millones de dólares destinados a combatirlo y sin embargo no han logrado acabar con el narcotráfico y las bandas criminales involucradas en el negocio. La minería ilegal persiste y el Plan Colombia no ha sido suficiente para contrarrestarla. Eso no puede ser un ejemplo a aplicar en Venezuela. Entre otras razones porque según la propia DEA, y ya se ha dicho muchas veces, el narcotráfico es un problema absolutamente marginal en nuestro país. Que haya sido una narrativa creada para la captura de Nicolás Maduro es otra cosa. Pero la realidad es que la gravedad del problema sigue existiendo es en Colombia y no en Venezuela. Y si bien es cierto que el plan ha ayudado a “reinstitucionalizar” a Colombia, el problema del cultivo y procesamiento de la hoja de la coca aún existe. Conclusión: algo no están haciendo bien cuando el problema de fondo no ha sido erradicado.
Dentro de los aspectos que el trabajo de Story y Bellon han destacado, es que el plan ha incidido en la disminución de los secuestros y homicidios. Atribuyen esto en la ejecución del plan. Esto puede ser tan cierto como lo es que en Venezuela las cifras de homicidios y secuestro han disminuido reducidas desde el año 2017 para aquí. Eso se ha logrado porque el Estado decidió abordar el problema con seriedad desarticulando las bandas criminales, no solo la de homicidios y secuestros; sino aquellas dedicadas a cometer delitos contra la propiedad. Dicen que la crisis ha obligado a las bandas criminales a emigrar hacia otros países, pero lo cierto es que el delito en Venezuela se ha reducido sustancialmente, al punto que en Caracas se puede ir tranquilo hablando en la calle con el celular sin temor a ser robado. No es que no ocurra, pero la incidencia es muchísimo menor que hace algunos años. No digamos lo mismo de Bogotá cuya cifra de robo de celulares es alarmante y la gente anda en la calle atemorizada. Todo eso se ha logrado en Venezuela sin necesidad de aplicar ningún plan importado.
Con relación a la administración de justicia, es cierto que la crisis en Venezuela es muy grave. La administración de justicia más que politizada como lo indica el trabajo, lo que está es muy corrompida y los tribunales se encuentran en estado deplorable. El sistema IURIS implementó a finales de la década de los noventa con financiamiento del Banco Mundial y que funcionó bien entrado la década de los 2000 fue desmantelado por razones presupuestarias. El Poder Judicial se fue deteriorando por falta de presupuesto y con ello el salario de los jueces y funcionarios judiciales. Hoy se hace necesario retomar las reformas abandonadas y fortalecer la escuela de la judicatura; pero para ello no es necesario un “Plan Venezuela” como se sugiere. Claro cualquier contribución destinada a mejorar profesionalmente a nuestros funcionarios no debe ser desechada de plano.
En tercer lugar, una variable que no toma en cuenta los autores del trabajo son las diferencias históricas entre Colombia y Venezuela. Diferencias que vienen desde antes de la Independencia. Colombia y Venezuela son países como hermanos siameses. Somos iguales interpares. La propuesta sugiere una subordinación de los venezolanos a los militares colombianos. Eso sencillamente no va a ocurrir. No puede ocurrir. Es más, me atrevo a señalar que ni siquiera los colombianos, que por el respeto mutuo que existe entre ambos pueblos, va a acoger esa idea. La propuesta de mejoramiento profesional debe ser bienvenida, pero nada de subordinación a nadie.
Por último, si alguna lección aprendió los que hoy nos gobiernan después del bombardeo del 3 de enero, léase Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, etc., es que nuestra alianza natural es con Estados Unidos y que este no va a permitir que se materialice el desafío iniciado por Chávez y continuado por Nicolás Maduro, para que Venezuela deje de pertenecer a su esfera de influencia. Es nuestro petróleo lo que los mueve a impedir que tengamos mayor autonomía. Para ello Estados Unidos tiene algo que nosotros nunca nos ocupamos de desarrollar: el poderío militar. Por esta razón, la fatal hipótesis de que el gobierno volverá a sus andanzas de atropellos en contra de la gente no creemos que se produzca. Ellos saben que “el gran palo” los está apuntando y con cualquier desliz vendrá a reencarrilar el tren, así sea con otra intervención militar. A la final, ya Estados Unidos rompió el celofán de su intervención militar en América del Sur. Nada le costará volverlo a hacer cuando considere que sus intereses están en juego. Lamentablemente será así.
El autor es el secretario general del partido Derecha Democrática Popular.