Durante años, el diferendo del Esequibo se explicó en Venezuela como un pleito jurídico mal llevado y peor defendido. Una disputa de mapas, tratados y arbitrajes amañados. Pero esa narrativa —cómoda, casi escolar— siempre omitió lo esencial: que en el sistema internacional el derecho rara vez es árbitro; más bien suele ser coartada.
Hasta el 3 de enero de 2026, la presión de fuerzas era, en apariencia, inequívoca. Guyana, convertida en potencia petrolera emergente gracias a su fachada atlántica, había logrado alinear en su favor a las grandes corporaciones energéticas y, con ellas, a los gobiernos que las respaldan. Venezuela, en cambio, persistía en su ya crónica condición de paria, aferrada a un discurso de soberanía mientras perdía influencia real. En ese contexto, una eventual sentencia de la Corte Internacional de Justicia adversa a Caracas no solo era plausible: resultaba casi natural. Una forma elegante —jurídicamente presentable— de sancionar a un régimen incómodo y, de paso, consolidar un nuevo orden energético en la región.
Pero la historia, que suele moverse con lentitud geológica, a veces decide dar saltos abruptos. Y lo ocurrido tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos alteró, en cuestión de semanas, lo que parecía un destino sellado.
El nuevo entendimiento entre Caracas y Washington —sustentado, como no podía ser de otra manera, en el negocio petrolero— ha reconfigurado el tablero. Venezuela ha pasado, sin demasiadas explicaciones intermedias, de actor indeseable a socio funcional. Un tránsito que no es ideológico ni moral, sino estrictamente pragmático. En política internacional, como enseñaba Kissinger con su cinismo habitual, no hay aliados permanentes, solo intereses persistentes.
En este nuevo escenario, la pregunta deja de ser jurídica y se vuelve inevitablemente política: ¿sigue siendo conveniente para los centros de poder una decisión que despoje a Venezuela de una porción sustancial de su territorio con alto potencial energético?
La Corte Internacional de Justicia, por supuesto, no admite este tipo de consideraciones en sus fallos. Su lenguaje es otro: técnico, histórico, aparentemente aséptico. Pero sería ingenuo suponer que ópera en el vacío. Las grandes decisiones judiciales internacionales suelen moverse dentro de márgenes que, sin traicionar abiertamente el derecho, tampoco contradicen frontalmente las realidades de poder.
Es allí donde la nueva relación entre Caracas y Washington introduce una variable decisiva. No necesariamente para garantizar una victoria venezolana —esa ilusión pertenece más al discurso político que al análisis serio—, pero sí para alterar los términos del resultado. Una sentencia menos maximalista, una fórmula intermedia, un reconocimiento parcial: opciones que hace apenas meses parecían improbables comienzan ahora a adquirir cierta lógica.
En este punto conviene recordar uno de los errores estratégicos más costosos de la política exterior venezolana reciente. Durante el gobierno de Hugo Chávez se produjo lo que podría describirse, con indulgencia, como una desmovilización estratégica del conflicto. Bajo la retórica de la integración regional, se llegó incluso a invitar a Guyana a explorar conjuntamente los recursos del Esequibo, una señal que fue interpretada —previsiblemente— como debilidad más que como gesto de buena voluntad. En política territorial, la ambigüedad rara vez se fortalece; Suele, más bien, erosionar.
Hoy, paradójicamente, es el propio chavismo —o lo que queda de él tras su mutación reciente— el que podría tener la oportunidad de corregir ese error. Y en el centro de esa posibilidad aparece una figura inesperada: Delcy Rodríguez.
Arquitecta del viraje económico que ha desmontado, pieza a pieza, algunas de las ortodoxias más rígidas del modelo chavista, Rodríguez encarna una versión más pragmática, menos doctrinaria del poder. El discurso sigue siendo revolucionario; la práctica, en cambio, comienza a parecer peligrosamente a otra cosa. Propiedad privada, apertura selectiva, acuerdos con capital internacional: signos de una reconversión que habría resultado impensable hace apenas unos años.
En ese contexto, no resulta descabellado plantear que el Esequibo pueda entrar en la ecuación de las negociaciones con Estados Unidos. No como un tema aislado, sino como parte de un paquete más amplio donde se entrelazan energía, estabilidad política y seguridad jurídica. El chavismo ha demostrado, con una consistencia casi admirable, que está dispuesto a entenderse con quien sea necesario con tal de preservar el poder. Si ese entendimiento pasa ahora por Washington, sería ingenuo suponer que dejarán fuera de la mesa uno de los activos territoriales más sensibles del país.
Queda, sin embargo, una incógnita mayor. Si el nuevo orden que emerge tras enero de 2026 logra consolidarse, la decisión de la CIJ dejará de ser un acto puramente jurídico para convertirse en una pieza más dentro de una arquitectura de poder en recomposición.
Porque al final, más allá de los tratados y alegatos, el destino del Esequibo no se decidirá únicamente en los salones de La Haya. Se decidirá —como casi todo lo importante en este mundo— en el punto donde convergen el petróleo, el poder y la conveniencia.
Y ese punto, hoy más que nunca, parece estar bastante lejos de cualquier tribunal.
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