La Defensoría del Pueblo en Riberalta logró la tutela judicial que ordena al Gobierno Autónomo Departamental de Beni, el pago de prediarios adeudados por nueve meses, a 287 personas privadas de libertad en el municipio de Guayaramerín.
“Por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, mediante la Unidad de Coordinación Regional de Riberalta, se intervino en este conflicto en resguardo del derecho a la alimentación de personas privadas de libertad”, señaló la Coordinadora Regional de Riberalta de la Defensoría del Pueblo, Deysi Riveros.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en audiencia, la provisión de alimentos se encontraba suspendida debido a que la empresa proveedora se negoció a continuar con el suministro hasta que la Gobernación regularice los pagos pendientes. Esta situación derivó en la vulneración del derecho fundamental a la alimentación de la población penitenciaria.
Durante la audiencia, “la Defensoría del Pueblo se ratificó en las pruebas presentadas en la acción de cumplimiento y adjuntó un voto resolutivo emitido por 287 personas privadas de libertad, en el que solicitaban el pago de la deuda acumulada”, agregó Riveros. Asimismo, en la audiencia la institución defensorial expuso un diagnóstico médico emitido por el centro de salud del recinto penitenciario, que evidenció casos de desnutrición y otras afecciones derivadas de la falta de alimentación.
Tras la determinación judicial, el juzgado procederá a la notificación formal a la autoridad departamental, otorgándole un plazo de 15 días para cumplir con la resolución y garantizar el pago de los prediarios, lo que permitirá restituir el derecho vulnerado.