Javier Tarazona y su madre, Teresa de Jesús Sánchez, quien luchó sin descanso por la libertad de su hijoLa exclusión del caso de Javier Tarazona de los beneficios de la Ley de Amnistía, que se conoció el 24 de marzo, demuestra una vez más la realidad de un país pervertido por la complicidad orgánica entre el gobierno y la justicia.
El tribunal argumenta que los delitos imputados al director de Fundaredes (terrorismo, incitación al odio y traición a la patria) no encajan en los parámetros de la norma, aprobados el 19 de febrero a la medida del chavismo.
Curiosamente, con la decisión del juzgado al servicio del régimen parece cobrar vigencia la denuncia que la ONG presentó el 30 de junio de 2021 acerca de los negocios en Venezuela entre la narcoguerrilla colombiana del ELN y figuras chavistas, como por ejemplo Ramón Rodríguez Chacín y su mujer.
Al mismo tiempo, probablemente también se reafirman pistas sobre los verdaderos motivos del arresto de Tarazona apenas 48 horas después de esa denuncia, que lo llevarían a pasar más de 4 años recluido en El Helicoide hasta su libertad condicional en febrero.
Semanas antes la ONG había denunciado también ante la Fiscalía en Caracas –con evidencia fotográfica que enfureció al chavismo– la existencia de “casas seguras” para la operatividad de los cabecillas del ELN y disidentes de las FARC, que incluso contaban con resguardo de policías venezolanos.
No hay que descartar que al defensor de derechos humanos y su organización sigan cobrándoles haber contribuido a conocer que el régimen de Maduro y sus generales arrastraron a la FANB a la guerra de guerrillas para defender a sus aliados de las FARC.
En ese conflicto, que estalló en marzo de 2021 en Apure, mandos débiles capitularon aproximadamente dos meses después frente a los rivales de Iván Márquez en el negocio de la droga y les cedieron territorio para actividades del crimen organizado, a despecho de los esfuerzos de Padrino y Cabello por desmentirlo.
A los soldados enviados a la guerra de guerrillas en la frontera colombo-venezolana probablemente nunca les explicaron las causas del conflicto ni mucho menos las que llevaron a la rendición y la deshonra de la FANB.
Pero la historia demuestra que los responsables de episodios como ese siempre terminan rindiendo cuentas. Y no solo por los defectos profesionales que se muestran en el resultado de la guerra, sino también por los actos de cobardía ante el enemigo por mandos con espada sin vocación heroica.
El contraste de un Alto Mando Militar de esa condición lo marcó el valiente y piadoso sacerdote que fue mostrado en un video recogiendo los cadáveres de 10 militares emboscados en abril de 2021 por más de 150 guerrilleros.
En ese -como en otros combates- los soldados escaparon de la muerte por sus propios medios, “sin que los comandantes de la operación y el Alto Mando Militar hubieran agotado los recursos necesarios para el rescate de los heridos”.
En la denuncia de esa aventura bélica y sus consecuencias desastrosas probablemente hay que buscar la respuesta de por qué adalides chavistas de la Ley del Odio han llamado “delincuente y rata” a Javier Tarazona, en una terrible campaña de desprestigio y estigmatización.
Pese a eso ya un juicio amañado que convirtió su caso en “un mecanismo de castigo y persecución política”, los herederos de Maduro no han podido silenciar a Tarazona, que el 27 de marzo apeló “ante el rechazo del sobreseimiento de la causa de Fundaredes, de conformidad con la Ley de Amnistía”.
Y para eso cuenta con el argumento inapelable de que defensor derechos humanos no es delito.