El camino hacia la transición que nos lleva a la recuperación de la democracia y de la libertad en el corto plazo obliga a reflexionar sobre las reformas institucionales y legales requeridas en todos los ámbitos del Estado, más en el carcelario al que estuve vinculado en épocas de democracia, en la que pese a las deficiencias, los detenidos tenían derechos, los que hoy niega un Estado represor y terrorista dirigido por un grupo criminal transnacional que los desprecia en medio de la mayor impunidad.
La situación carcelaria es realmente grave. Y no se trata solamente de los edificios, abandonados o destruidos por la desidia oficial, si no de las terribles condiciones de los “detenidos”, para usar un término genérico válido. La vida, la integridad física y la dignidad de los detenidos son pisoteados por un sistema carcelario inhumano al que nadie tiene acceso y al que todos temen escrutar. Las cárceles de Venezuela son consideradas de las más peligrosas del mundo (Sabaneta III, una referencia). Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional consideran que “los centros de detención en Venezuela se caracterizan por contar con serias deficiencias de estructura, salubridad y seguridad”. La sobrepoblación y el hacinamiento en las cárceles es referido por ONG nacionales de igual prestigio, como el Observatorio Venezolano de Prisiones.
Desde la llegada al poder del chavismo se utilizó perversamente al “privado de libertad” para construir grupos criminales que operaran dentro y fuera del país desde la misma estructura del poder. Los recintos carcelarios se han convertido en auténticos campos de concentración en donde los derechos de los detenidos, sean por razones políticas o por delitos comunes, civiles o militares, hombres o mujeres, adultos, adolescentes, menores o ancianos, se violan de manera sistemática y grave, ante la mirada cómplice de la misma autoridad.
El detenido sufre desde el primer momento de su “proceso” una agonía indescriptible. Se enfrenta a un poder policial politizado, arbitrario y corrupto, que decide su destino y traslado a un centro de detención con acusación generalmente infundada o por simple antojo de un funcionario, para después esperar procesos interminables que muchas veces ni siquiera comienzan.
El sufrimiento se vive en su máxima expresión cuando la persona de la que se trata está “encerrada” en una celda, desprotegido, no sólo despojado de sus derechos, sino en medio de un ambiente feroz y corrupto que simplemente hace brotar un miedo indescriptible.
En el sistema carcelario en el país sufre un deterioro acelerado desde 1998 por la ineficiencia de un Estado cada vez más politizado, con un sistema judicial cada vez también menos independiente en el que la corrupción se apodera del funcionamiento de las instituciones. Mi experiencia personal me permitió ver excesos, deficiencias, corrupción desde dentro y fuera de los penales, es cierto; pero lo que hoy vemos es incomparable. Los derechos vulnerados: no hay un debido proceso, para resumir el drama quienes viven en las peores condiciones higiénicas, sin acceso mínimo a los alimentos, a la salud, a la educación ya la recreación, como lo exigen las normas mínimas internacionales aplicables y me refiero a las Reglas Mandela y otras establecidas por los órganos internacionales y aceptadas como cuentos por la comunidad internacional, que el Estado ignora deliberadamente.
Un cambio de sistema y una auténtica transición hacia la democracia y el Estado de derecho deberán considerar con urgencia, para responder a las víctimas del sistema carcelario socialista del siglo XXI, su reestructuración y no solamente la adaptación de las normas y principios aplicables, principalmente a las de origen internacional, para el mejor tratamiento del detenido, sino la modificación profunda del sistema. Nuevas cárceles, nueva forma de administración, un nuevo sistema en general que garantiza a los detenidos el disfrute de sus derechos.
El tema es complejo. Lo político y lo jurídico, lo técnico y lo práctico, deben considerarse en forma equilibrada de manera de garantizar un nuevo sistema carcelario humano que haga ver al detenido no como un enemigo de la sociedad, sino como un ser humano que cualquiera que sea la razón por la que haya perdido su libertad, tiene los mismos derechos de todos los ciudadanos.
El tema tiene sus elementos políticos, pero no podemos ignorar el Derecho Penitenciario, que quizás aún no goce de un reconocimiento general como disciplina autónoma, pero que en definitiva nos facilita los principios y las normas fundamentales para el tratamiento del detenido y garantiza las condiciones humanas de los recintos carcelarios. Es la herramienta a la mano para enfrentar este drama.