Hoy, El Comercio publica la última encuesta que podrá difundirse antes de la primera vuelta electoral. Otros medios harán lo mismo con estudios similares. A partir de mañana, entraremos en un período de silencio informativo, impuesto por nuestras leyes y permitido por la inacción de las autoridades.
Hoy, El Comercio publica la última encuesta que podrá difundirse antes de la primera vuelta electoral. Otros medios harán lo mismo con estudios similares. A partir de mañana, entraremos en un período de silencio informativo, impuesto por nuestras leyes y permitido por la inacción de las autoridades.
La prohibición de publicar encuestas electorales, una norma anacrónica que increíblemente sigue vigente en el 2026, responde a un argumento paternalista: la idea de que los resultados pueden ‘influir’ en el electorado. Este punto de vista subestima la inteligencia y la capacidad de discernimiento de los ciudadanos, y les niega el derecho a conocer las últimas tendencias de intención de voto.
Como toda restricción obsoleta, esta es fácilmente burlada. En redes sociales, comenzarán a difundirse los menús tradicionales, en los que se darán a conocer los últimos precios del chancho al palo, el chijaukay, el cebiche playero o el tallarín rojo. El problema es que muchas personas no podrán distinguir con certeza cuáles de estos menús corresponden a encuestas reales, realizadas durante el período de veda informativa, y cuáles son pura invención y deseo de quien los difunde. Así, se consigue exactamente lo contrario de lo que se pretende: se impide que circule la información verificable y se deja vía libre a los rumores y datos falsos.
Los medios extranjeros seguirán difundiendo encuestas sin restricción alguna. Cualquier ciudadano con acceso a Internet puede consultarlos. Lo que, en una era predigital, pudo haber tenido cierto sentido, en tiempos de redes sociales e información instantánea es simplemente ridículo. Y es además discriminatorio. Establece dos categorías de populares: aquellos que podrán informarse y aquellos no.
Permitir que una norma caduca continúe vigente no le hace bien a un proceso que seguramente algunos querrán deslegitimar. Impedir que la información se conozca no es precisamente la más democrática de las prácticas.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.