Fotografía del 31 de enero del 2026 que muestra una escultura alusiva a la industria petrolera, en Cabimas (Venezuela). EFE/Henry ChirinosA imagen y semejanza de la apertura en el sector hidrocarburos, la Ley de Minas que está por aprobarse en Venezuela busca abrir la puerta a la inversión extranjera e incorporar el arbitraje Como mecanismo de resolución de controversias, dos aspectos considerados positivos por los analistas, aunque el borrador enfrenta escollos por temas como las regalías y el impacto ambiental.
Lleva casi un mes en debate y en 130 artículos esta iniciativa. intenta integrar, ordenar, mejorar y corregir el antiguo marco legal que regulaba este sector, favorecido en las últimas semanas por una flexibilización de las sanciones de Estados Unidos en medio del interés del presidente Donald Trump en el oro venezolano y del nuevo escenario tras el ataque militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro.
Unificación normativa y arbitrajeVenezuela hasta ahora tenía una ley de minas de 1999 y un decreto de ley del oro de 2015 que reservaba este mineral al Estado; en la primera se precisa el arbitraje como un mecanismo de resolución de conflictos solo ante tribunales nacionales y en El segundo no está contemplado.
El nuevo proyecto, del que han sido avalados hasta la fecha 55 artículosno solo unifica estas dos normas otorgando la posibilidad de la compra de oro a terceros, aunque con preferencia al Estado durante los primeros cinco días después de su extracción, sino que propone los tribunales de la República, la mediación y el arbitraje frente a posibles disputas sin expresar taxativamente ante cuál jurisdicción.
Participación privada y garantías jurídicasLa propuesta de ley “tiene un avance porque permite el ejercicio de la minería al Estado, a empresas mixtas donde el Estado tenga mayoría accionaria, empresas donde el privado tiene mayoría accionaria y empresas que solamente son privadas”, señaló en una conversación telefónica con EFE el exdiputado e ingeniero Elías Matta, en referencia al artículo 11 de la ley.
Sin embargo, apuntó que en cuanto al tema del arbitraje es necesaria una precisión para dejar claro que se permitirá el mecanismo ante una jurisdicción internacional.
Otros expertos consultados por EFE coinciden en que aún bajo este escenario la ley ofrece garantías jurídicas atractivas para las compañías extranjeras.
El profesor e investigador de la Universidad Católica del Táchira y vicepresidente para Venezuela de la Alianza Minera de América Latina, José Pernía, explicó a EFE que el tema del arbitraje se puede definir cuando se redactan los contratos de concesión o el derecho minero que se vaya a otorgar.
“Se incorpora una cláusula en la que se permitirá acudir al arbitraje oa la mediación”, dijo.
Materia pendienteEl proyecto tiene pendiente discutir el tema de las regalías y otros impuestos y Matta llama la atención sobre este particular debido a que la propuesta se sitúa hasta en 13 % las primeras y un máximo del 12 % los tributos.
Este porcentaje está fuera del promedio de la región, algo que el exlegislador no ve favorable para entrar a competir en el mercado.
“Si yo soy una empresa de oro y resulta ser que me ponen 13 % de regalía y 12 % de impuestos mineros, Te llevo el 25%. Eso está fuera de los medios en el mundo”, alertó.
El también exdiputado en el exilio y economista José Guerra coincidió en que la regalía “es muy elevada”. “Creo que lo procedente sería que las regalías se establecieran por tipo de mineral de una vez en la propia ley yn.o quedase a la discrecionalidad del gobierno. Sencillamente a mayor dificultad de extracción del mineral, la regalía obviamente sería más baja”, planteó Guerra.
Otra materia pendiente es el impacto ambiental. En el último debate, de hecho, este punto se discutió debido a que un partido ecologista pidió incluir explícitamente que los recursos generados por la actividad minera. También están destinados a temas de ambiente.
La solicitud se negó por la mayoría chavista, que argumentó que el artículo 6 establece los principios de la ley en los que se habla de la “prevención y remediación ambiental” y de la “conservación del ambiente”.
VenezuelaEstados UnidosJosé Guerraley de minas