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Los dueños del megaproyecto no solo estarían en deuda con las víctimas. Ahora, están en un proceso que podría costarles 14 mil millones de pesos.
El proceso de construcción del puerto se adelanta en tierra de desplazados por la guerra. Foto: Cortesía Fundación Forjando Futuros
15.03.2026 08:20 Actualizado: 15.03.2026 08:20
A principios de febrero pasado, la Fiscalía General de la Nación recibió una denuncia formal en contra de los ciudadanos Teófilo Lemus y José María Pernas (inglés)socios inversionista del megaproyecto portuario de Puerto Pisisí, el cual se está construyendo en una bahía de Turbo en el golfo del Urabá antioqueño.
La acción judicial se encamina a que la Fiscalía inicie una investigación por los presuntos delitos de estafa agravada y abuso de confianza, en perjuicio de familias víctimas del conflicto armado en el Urabáquienes desistieron de un proceso de restitución de tierras sobre los bienes en los que se alza el proyecto. Todo ello, a cambio de que los inversionistas les compren bienes en otras zonas del sector.
EL TIEMPO conoció que los inversionistas de Puerto Pisisí no solo están denunciados ante la justicia, además, enfrentar problemas administrativos ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la cual los múltiples, en una decisión de primera instancia, por 14,286 millones de pesos.
Render de Puerto Pisisí, el cual será clave para la operación del comercio internacional. Foto:
La decisión es de la coordinadora de procedimientos administrativos sancionatorios contractuales de la ANI, Carol Melissa Chinchilla. Y, aunque data de finales del año pasado, hasta ahora no se había dado a conocer al público. En términos generales, la multa presentación es por falencias en la garantía de cumplimiento de contrato por parte del inversionista, requisito fundamental para la realización de todo acuerdo público.
“El principal señalamiento corresponde al presunto incumplimiento relacionado con la no entrega de la garantía única de cumplimiento del contrato, así como de las demás garantías exigidas que deben presentarse conjuntamente como condición para dar inicio a la ejecución contractual, las cuales son las siguientes: (i) garantía de cumplimiento de las obligaciones generales del Contrato de Concesión Portuaria, (ii) garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y (iii) póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual”, se lee en el expediente.
Durante el proceso, la sociedad portuaria argumentó que ha tenido diversas situaciones que le han impedido cumplir, en su totalidad, con la obligatoriedad de la constitución de las pólizas. Esto se debería a que uno de los socios, el inversionista “Equinosplane”, el cual tiene el 30% de la participación, no habría cumplido con las obligaciones contraídas dentro de la sociedad.. El problema con ese socio es de tal magnitud que ya iniciaron acciones legales contra este.
De otro lado, la sociedad portuaria aseguró que, durante 2024, se presentó a la ANI varios oficios en los cuales se indicó que la sociedad Seguros del Estado SA, a través de la cual se está gestionando la expedición de las garantías, por políticas internas, no aceptaba la expedición de pólizas sin la existencia de un financiador.
Lugar donde se construirá Puerto Pisisí, en Turbo Foto:alejandro mercado
Seguros del Estado, por su parte, “indicó que (…) se ha evidenciado como principal inconveniente la determinación de su vigencia, teniendo en cuenta el desarrollo contractual. Expuso que, desde la perspectiva de la compañía aseguradora, no es posible emisión de pólizas con vigencia retroactiva, lo cual, conforme al marco del contrato de seguros, dificulta la posibilidad de una emisión inmediata. una vez se notificó el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contractual”.
Sin embargo, en primera instancia, la ANI señaló que la dilatación es palpable, razón por la que tampoco ha sido posible suscribir el acta de inicio, en los términos iniciales del megaproyecto. La Agencia aseguró que, mientras no se materialice la expedición de las garantías requeridas, la sociedad portuaria de Pisisí va a continuar en situación de incumplimiento.
“Lo procedente es la declaratoria de incumplimiento con su consecuente imposición de multa conminatoria, sin que sea posible la declaratoria de siniestro y afectación de la póliza de seriedad de la oferta, toda vez que tal garantía no se encuentra vigente para el momento de la adopción de esta decisión”, concluye la ANI.
Óscar Javier Torres Yarzagaray, presidente de la ANI. Foto:Óscar Javier Torres Yarzagaray
En diálogo con EL TIEMPO, los representantes de Puerto Pisis explicaron que es importante precisar que la decisión no se encuentra en firme, toda vez que fue interpuesta, en su momento, el recurso de reposición.
“Lo anterior, bajo el argumento de que la sanción se fundamenta en una exigencia de garantías contractuales con efectos retroactivos, situación que no resulta jurídica ni contractualmente exigible, por ser contraria al Decreto 1082 de 2015, incompatible con el Código de Comercio, prohibido por la jurisprudencia del Consejo de Estado y rechazada por la doctrina de entidades como la Contraloría General de la República, Fasecolda y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado”, explicaron.
La petición de las víctimasSegún han denunciado víctimas de la región urabeña, la Sociedad Portuaria de Puerto Pisisí se comprometió a no participar como opositora en el expediente de restitución y habría ofrecido una compensación adicional a las víctimas. En abril de 2021 se firmó un memorando de entendimiento en el que se suscribieron varios compromisos, los cuales, casi cinco años después, no se habrían cumplido.
Entre los acuerdos estaba que Puerto Pisisí les iba a comprar un predio de 30 hectáreas a las víctimas denunciantes. Además, la construcción o compra de un bien inmueble a favor de cada uno de los seis reclamantes de tierras.en zonas rurales o urbanas. También una indemnización tasada en pesos colombianos para la implementación de un proyecto productivo.
Los reclamantes de tierras. Foto:Cortesía Fundación Forjando Futuros
Por último, “la creación de una empresa asociativa de propiedad de las víctimas de cuyos excedentes se pagará una retribución mensual a las cabezas de familia de las víctimas”, como se lee en la denuncia revelada por EL TIEMPO.
Según se lee en la acción judicial, una vez firmado el compromiso, la sociedad Pisisí obtuvo la concesión portuaria de la Agencia Nacional de Infraestructura en enero de 2023. Luego de ello, señalan las víctimas, los denunciados cesaron toda comunicación y pago, dejando a las víctimas sin tierras y sin posibilidad real de reclamar judicialmente el asunto.
Jhoan Sebastián Cote Lozano
jhocot@eltiempo.com
@SebasCote95 en X
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