Tras una audiencia, la Justicia determinará modificar las medidas cautelares del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, otorgándole detención domiciliaria. El burgomaestre se enfrentaba a 100 días de detención preventiva en el penal de Palmasola desde el 26 de febrero de 2026 por el denominado “caso pavimento”.
Además de la detención domiciliaria, la autoridad municipal deberá cumplir con otras como una fianza de Bs 500.000, la prohibición de asistir a ciertos lugares y arraigo, mientras obtenga el permiso para salir a trabajar y cumplir con sus funciones ediles.
“Se ha desvirtuado la mayoría de los riesgos procesales que lo dijimos en su momento, fue lamentablemente mal evaluadas todas las pruebas que había y tenía un tinte meramente político”, dijo el vocero municipal Bernardo Montenegro, quien enfatizó que Fernández podrá ejercer sus labores en la Alcaldía con total normalidad.
Por su parte, el abogado defensor, Fabio Joffré destacó que lo más importante es que el alcalde podrá defenderse en libertad, por lo que ellos seguirán trabajando hasta lograr la absolución del burgomaestre.
“Corresponde seguir con el procedimiento, las investigaciones de cara a la absolución. Nosotros seguimos acumulando diligencias investigativas de descargo a favor de la autoridad. (…) Se desvirtuaron los riesgos de fuga y obstaculización que fueron erróneamente determinados por la juez en un principio”, dijo.
CÍVICOS CUESTIONAN DETERMINACIÓN
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis cuestionó las medidas sustitutivas que otorgaron al alcalde Jhonny Fernández, señalando que los “vientos de cambio” de la Justicia están bajando, debido a que es “visible la destrucción” que hay en la ciudad, además de las denuncias de corrupción y las deudas con los trabajadores municipales. Pero que ahora a solo dos semanas de su detención el Palmasola, lo deja salir de la cárcel.
CASO PAVIMENTO
La Fiscalía investiga posibles irregularidades en al menos 11 proyectos de pavimento rígido observados por la Contraloría General del Estado. De acuerdo con el informe, el presunto daño económico asciende a Bs 6,7 millones.