Cuando Chávez asumió el poder, apoyado por grupúsculos autocalificados de marxistas, marchó a Cuba. Allí, Fidel valoró al personaje, observando su hedonismo y su escasa formación política. Para Fidel fue como si le hubieran abierto las puertas del cielo. Inmediatamente urdió un funesto plan de desestabilización institucional para América, encomendándole la tarea al mozo de Sabaneta. La primera tarea: convertirse en un líder continental a través del petróleo y la chequera. En segundo lugar, anunciar un nuevo modelo político-económico de redención social que cautivase a las masas populares; y, finalmente, la destrucción del Estado democrático venezolano, que había estado sólido, con progresos incuestionables, pero que en los últimos años acumuló una deuda social importante.
Chávez se declara socialista y adopta la concepción marxista del Estado, entendida como un conjunto de aparatos al servicio de la clase dominante. Desde esta perspectiva, el Estado no solo ejerce coerción, sino que cuenta con diversos aparatos ideológicos destinados a sostener la hegemonía de la burguesía, entre ellos los ámbitos educativo, familiar, jurídico, político, sindical, religioso, informativo y cultural. En consecuencia, la revolución exigía la abolición inmediata del Estado y de sus instituciones, para sustituirlo por un poder político concentrado que, hacia el exterior, conservaría apenas un simulacro formal de estatalidad.
No hay ninguna duda de que el programa político del régimen se dirige a la destrucción del Estado democrático constitucional venezolano, con el argumento de que era un Estado burgués. Tratar de reseñar la destrucción del Estado de derecho y la institucionalidad realizada en estos 25 años de gobierno chavista sería, prácticamente, una labor interminable. No solo ha sido la estructura jurídica, sino que ha abarcado la destrucción moral del colectivo nacional, sembrando desesperanza, miedo y odio, fomentando la corrupción y la ausencia de escrúpulos en las relaciones sociales y políticas.
El chavismo acribilló todas las formas e instituciones democráticas guardianas del orden constitucional, con el fin de imponer su hegemonía y perpetuarse en el poder. Eliminó los controles para realizar y ocultar las fechorías. A la educación la asfixió, reduciendo notablemente sus recursos, especialmente pagando sueldos de hambre a los profesores para que abandonasen las aulas y buscasen otras formas de sustentar a sus familias, sustituyendolos por militantes del partido oficial, sin formación pero ideologizados, además de autorizar instituciones piratas que regalan títulos a los jerarcas y sus familiares.
A los sindicatos los ignoró, persiguió a sus líderes y pagó salarios miserables a los trabajadores para hacerlos dependientes del CLAP. A los partidos políticos los persiguieron cuando sus líderes eran indoblegables y compraron a los corruptos. A la familia la desintegró con la pérdida de la capacidad adquisitiva e impulsando la emigración. El Poder Judicial lo puso a su servicio, politizándolo; lo privado de independencia y autonomía, mantuvo leyes obsoletas con el argumento de que en la nueva era socialista debía eliminarse la base ideológica burguesa del ordenamiento jurídico. Ideologizó y politizó a las fuerzas armadas, impulsó en ellas los gérmenes más abyectos de corrupción y el desconocimiento de los derechos de la ciudadanía. Para completar la destrucción institucional militar, fomentó organizaciones paramilitares violentas, financiadas por el Estado y dirigidas por militares vendidos al poder ya la riqueza fácil.
Plantear la reinstitucionalización implica un proceso para cambiar el modelo de las formas actuales, el rechazo de la cultura institucional destructiva impuesta y el abandono de medidas lógicas, prácticas o que forman parte de dicha cultura institucional. La reinstitucionalización debe partir de las cenizas y crear instituciones modernas que configuren un Estado y una sociedad para la era del conocimiento y enfrenten con éxito la quinta revolución industrial.
El optimismo que despliega el gobierno interino para atraer inversiones a corto plazo hace difícil que las transnacionales regresen si no cuentan con garantías suficientes para proteger sus inversiones. Persisten muchas dudas. Está el tema de la legitimidad de los poderes. Pero algo que aprieta con fuerza es la ausencia de un Poder Judicial autónomo e independiente, que controle con efectividad los desafueros del poder público. Si de verdad se trata de ir hacia la estabilidad, debería procederse de inmediato a la resolución del Tribunal Supremo de Justicia e iniciarse una modificación normativa y funcional que dé acceso efectivo a la justicia y cumpla sus funciones de control y garantía de libertad. Igualmente, debe disolverse el actual CNE y conformarse con miembros de reconocida solvencia moral, independencia partidista y trayectoria académica y profesional destacada. Con un Poder Judicial y un órgano electoral creíbles se podrán despejar dudas y avanzar hacia el restablecimiento de la democracia a través de elecciones libres y competitivas. Quedaría entonces la labor de la institucionalización moderna al servicio del interés general. ¡Hasta el final!