Durante años, el poder juró —con una solemnidad casi litúrgica— que en Venezuela no había presos políticos ni torturas. Lo repitió con la tranquilidad de quien sabe que los muros no hablan, que las celdas no escriben y que el dolor, mientras no tenga micrófono, no existe. Pero el país aprendió tarde una verdad elemental: el silencio no es prueba de inocencia, sino una técnica. Y ahora que algunas puertas se entreabren, no es la libertad lo que primero sale de las cárceles, sino algo más incómodo: la memoria.
Hubo un tiempo —demasiado largo— en el que negar fue una forma de gobernar. No negar un hecho aislado, sino negar la realidad entera: negar que existieran presos políticos, negar que hubiera torturas, negar que el Estado pudiera convertir el encierro en un método y el miedo en una pedagogía. La negación fue tan constante que terminó pareciendo una verdad administrativa, un trámite más en la maquinaria del poder.
Incluso desde el más alto nivel del chavismo primitivo se construyeron narrativas que buscaban disolver la idea misma de persecución política. Durante los años del mandato de Hugo Chávez, cuando las denuncias de violaciones de los derechos humanos empezaban a tomar forma en informes de organismos internacionales, el propio presidente respondió a estas acusaciones poniendo en duda la existencia de tales problemas y deslegitimando a quienes las denunciaban. Según la organización Human Rights Watch, Chávez llegó a afirmar durante un episodio de Aló Presidente que negaba que las fuerzas de seguridad cometieran violaciones de derechos humanos durante las protestas, desafiando a las víctimas a presentar nombres y defendiendo el “respeto a los derechos de todos los detenidos”.
De esa forma, la negación no solo fue retórica, sino una práctica política: redefinir los límites de lo que podía siquiera nombrarse como delito o abuso. La narrativa oficial no se limitó a la frontera nacional. En el plano internacional, voces políticas y mediáticas también contribuyeron a esa versión institucionalizada del relato venezolano, muchas veces sin suficiente distancia crítica. Por ejemplo, en 2010 la entonces ministra de Asuntos Exteriores de España, Trinidad Jiménez, afirmó ante la Cámara Alta de su país que “no se habían identificado presos políticos en Venezuela; eso correspondía a informes de ONG”, marcando una posición diplomática que negaba la existencia de presos por razones políticas, pese a las denuncias recurrentes de organizaciones de derechos humanos.
“No hemos identificado presos políticos en Venezuela; eso corresponde a informes de ONG”. Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores de España (2010).
Figuras del espectro político internacional llegaron a sostener visiones aún más alejadas de la evidencia acumulada. En junio de 2025, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista de Chile, se refirió a la situación venezolana negando la presencia de violaciones graves, presos desaparecidos o torturas, desestimándolos como elementos del relato opositor.
“Allí no hay detenidos desaparecidos, no hay tortura ni ejecuciones”. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista de Chile (2025).
Esa resonancia internacional, muchas veces con tintes ideológicos o diplomáticos, terminó dando cobertura a la narrativa de la negación oficial, validando silencios que ocultaban historias dolorosas y cuerpos olvidados en centros de detención.
Desde Caracas, la versión oficial fue siempre la misma: en Venezuela no se perseguía a nadie por pensar distinto; los detenidos no eran presos políticos, sino conspiradores, terroristas, traidores. Esa explicación —repetida en comunicados, discursos y foros internacionales— tuvo una virtud inquietante: funcionó. Funcionó porque muchos prefirieron creerla. Funcionó porque la estabilidad suele ser más cómoda que la verdad. Funcionó porque, mientras no hubiera cuerpos visibles, la violencia podía presentarse como ficción.
“Venezuela no tiene presos políticos; estamos bajo pleno Estado de Derecho”. Yván Gil, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Declaración del 29 de octubre de 2024 ante medios, durante visita internacional, negando la existencia de presos políticos pese a informes de la ONU y ONG.
“En Venezuela hay justicia… no existen presos políticos. Las acusaciones se caen con su propio peso de mentiras”. Nicolás Maduro, 28 de enero de 2025, en medio de una entrevista con el periodista brasileño Breno Altman, en el programa 20 minutos Delaware Ópera mundial.
Durante más de dos décadas, familiares, organizaciones de derechos humanos y periodistas insistieron en una versión distinta: detenciones arbitrarias, juicios sin garantías, encierros prolongados, desapariciones, tratos crueles. Lo dijeron una y otra vez, como quien golpea una puerta que nadie quiere abrir. Cada denuncia era respondida con desdén; cada informe, con descalificaciones; cada testimonio, con sospecha. El país se acostumbró a vivir en una paradoja: todos sabían algo, pero nadie parecía saberlo del todo.
“Mi hijo sufrió torturas que le dejaron secuelas emocionales de por vida. Hubo torturas con electricidad, amenazas constantes y tratos inhumanos que ningún ser humano debería soportar”. Juan Caguaripano, padre del capitán Juan Carlos Caguaripano Scott, detenido desde 2017.
La negación no fue solo retórica. Fue una arquitectura. Se construyó en edificios que no parecían cárceles, en sótanos y celdas nombradas con la ironía del terror, donde el tiempo se volvió a una noción imprecisa. Lugares donde no hacía falta para imponer el castigo, porque matar bastaba con borrar. Borrar la identidad del detenido, borrar su rastro legal, borrar su voz del espacio público.
“Dormíamos sobre estructuras de cemento, sin colchones ni mantas, en celdas de dos por cuatro metros donde las aguas residuales se desbordaban y el olor hacía imposible comer o dormir. Muchas de las torturas no dejaban marcas visibles, pero sí secuelas psicológicas de por vida”. Camilo Pierre Castro sobre su reclusión en la cárcel de El Rodeo I.
Durante años, la palabra tortura fue expulsada del vocabulario oficial como si nombrarla pudiera contagio al Estado. Sin embargo, fuera del país —ya veces dentro, a media voz— comenzaron a acumularse los registros: relaciones internacionales, informes de organizaciones, pronunciamientos de expertos que describían patrones, sin excesos. La repetición es siempre un indicio. Cuando los mismos relatos aparecen en bocas distintas, en años distintos, en lugares distintos, ya no se trata de una coincidencia: es un sistema.
Aun así, la negación persistió. No porque faltaran pruebas, sino porque sobraba poder. El giro no llegó de golpe. Llegó, como llegan las verdades incómodas, por desgaste. Por acumulación. Por filtración. Por el golpe de la fuerza. En las últimas semanas, algunas excarcelaciones —parciales, condicionadas, políticamente calculadas— comenzaron a producir efecto: los liberados empezaron a hablar. No todos. No siempre. No con estridencia. Pero hablaron.
“Llamar cárceles a esos lugares es un error. Fuimos secuestrados en verdaderos campos de concentración, donde la crueldad era una política cotidiana y la dignidad humana no existe”. Camilo Castro, ex preso político liberado de El Rodeo I, en declaraciones a la FIA.
Y cuando hablaron, no trajeron grandes revelaciones técnicas ni secretos de Estado. Trajeron algo más devastador: detalles cotidianos. La rutina del encierro. La lógica del castigo. La pedagogía del miedo. Relatos que no necesitaban adornos porque su fuerza estaba en la repetición de lo esencial: aislamiento, humillación, amenaza, espera. Esperar como forma de condena.
Lo más perturbador no fue lo que dijeron, ni lo que aún está por decirse, sino lo que confirmaron: que durante años se negoció algo que estaba ocurriendo a la vista de todos. Que la discusión no era si existían presos políticos o torturas, sino cuánto tiempo más podía sostenerse la ficción de que no existían.
Con las excarcelaciones y los testimonios que comienzan a circular —sumándose a lo que durante años otros ya habían contado— no solo se derrumba la arquitectura de la mentira con la que el régimen justificó su permanencia en el poder; También queda al desnudo una hipocresía más vasta y más incómoda. La caída del relato oficial arrastra consigo a un coro internacional de figuras y organizaciones políticas que, por afinidad ideológica o devoción al discurso antiimperialista, prefirieron mirar hacia otro lado mientras se torturaba en nombre de una revolución ajena. Son los mismos que, habiendo sido víctimas —o herederos morales— de dictaduras pasadas, salieron a defensor a Nicolás Maduro cuando la presión internacional lo arrinconó, envueltos en consignas sobre soberanía, derecho internacional o petróleo, como si esas palabras bastaran para absolver el dolor ajeno. La acumulación de testimonios, la crudeza de los métodos revelados, la persistencia del sufrimiento, dejan en evidencia que muchas de esas defensas no fueron éticas, sino tácticas; no humanistas, sino partidistas. Defensores selectivos de los derechos humanos, indignados a conveniencia, capaces de denunciar el horror solo cuando el verdugo no pertenece a su bando. La tragedia venezolana expone así una verdad más amplia: que para ciertos sectores de la izquierda global la dignidad humana tiene ideología, y que el dolor solo merece atención cuando no contradice sus intereses. Cuba sigue ahí, romantizada; Venezuela estuvo aquí, negada. Y entre una y otra, queda el retrato de una complicidad cínica que prefirió salvar un discurso antes que a las víctimas.
La historia venezolana entra ahora en su momento más incómodo: aquel en el que ya no se discute si algo ocurrió, sino qué se hará con aquello que durante años se fingio que no existía. La negación —esa política eficaz, metódica, casi elegante en su frialdad— empieza a mostrar daños. No ha sido derrotada, pero ha perdido su mayor fortaleza: la impunidad del silencio. Ya no gobierna sola. Ya no es inexpugnable.
Lo que ocurre se parece demasiado a otros despertares tardíos de la historia. No al instante heroico de la liberación, sino al momento posterior, cuando se abren las puertas y lo que sale no es alivio, sino horror acumulado. Como cuando se abrieron los campos de concentración nazis y el mundo entendió, demasiado tarde, que el mal había sido administrado con eficiencia. Como cuando las hambrunas soviéticas dejaron de ser cifras y se volvieron nombres. Como cuando cayeron los muros de Europa del Este y se supo que del otro lado no había utopía, sino miedo organizado. En todos esos casos, la pregunta no fue qué pasó, sino cómo fue posible negar durante tanto tiempo lo evidente.
En Venezuela, ese instante comienza ahora. No con trompetas ni con actos solemnes, sino con voces cansadas, con relatos fragmentados, con sobrevivientes que no regresan del todo porque una parte de ellos sigue encerrada en los lugares que el poder juró que no existían. Cada excarcelación no clausura una herida: la abre. Cada testimonio no pacifica: incomoda. Cada palabra dicha desmonta un ladrillo del edificio de la mentira.
Por eso, lo que empieza a salir de las cárceles no es solo sobrevivientes del horror. Sale una memoria que no pidió permiso. Sale un inventario del daño. Sale una verdad que ya no puede ser archivada como propaganda enemiga. Y con ella emerge una certeza perturbadora: la negación no fue un error ni una exageración retórica, sino una forma de tortura prolongada, ejercida no solo sobre los presos, sino sobre el país entero.
Ahora no se trata solo de esa larga mentira que intentaron sostener, sino de aquello que la mentira intentó cubrir. Vendrán los relatos. Vendrán los testimonios. Vendrán los métodos. Vendrá el detalle —ese enemigo implacable de toda negación—. Porque, si algo enseña la historia, es que los regímenes pueden sobrevivir a la denuncia abstracta, pero rara vez resisten cuando el horror adquiere forma, voz y nombre propio. Y en Venezuela, ese momento —el más temido por el poder— acaba de comenzar.