La Fiscalía de EE UU detalla mecanismos específicos mediante los cuales Maduro habría protegido y facilitado operaciones de narcotráfico| Foto EFE/EPA/StringerTras su captura el pasado 3 de enero durante una operación militar estadounidense en Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron presentados ante un tribunal federal en Nueva York para enfrentar cargos de conspiración para el narcoterrorismo, introducción de cocaína en Estados Unidos y delitos relacionados con armas.
La imputación, firmada por el fiscal Jay Clayton y un gran jurado, describe un entramado de corrupción estatal que, según Washington, permitió durante años el flujo de drogas hacia Estados Unidos con la participación directa de altos funcionarios civiles, militares y de inteligencia venezolanos.
Aunque el documento redefine al Cartel de los Soles como un “sistema clientelar” y no como una organización criminal tradicional, las acusaciones contra el exmandatario no se atenúan. Por el contrario, detallan mecanismos específicos mediante los cuales Maduro habría protegido y facilitado operaciones de narcotráficode acuerdo con lo reseñado por Transparencia Venezuela.
Uso de pasaportes y cobertura diplomáticaUno de los pilares de la acusación es el presunto uso del sistema diplomático venezolano para facilitar el tráfico de drogas y el lavado de dinero. La Fiscalía estadounidense sostiene que, entre 2006 y 2008, cuando Maduro era canciller, se otorgaron pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y se utilizaron misiones oficiales para trasladar dinero procedente de la cocaína desde México a Venezuela.
Según la imputación, aviones privados con protección diplomática fueron empleados para evitar controles de seguridad, mientras que las embajadas venezolanas servían como punto de enlace para estas operaciones financieras.
Narcotráfico como mecanismo de poder políticoEstados Unidos afirma que el narcotráfico no solo fue una fuente de enriquecimiento personal, sino una herramienta para consolidar y preservar el poder político.
La imputación describe alianzas con las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua, a quienes se les habría ofrecido protección policial y apoyo logístico a cambio de pagos millonarios. Parte de esos recursos, sostiene la Fiscalía, habrían sido utilizados para sostener la estructura del régimen.
Participación de familiares directosA diferencia de la acusación presentada en 2020, el nuevo expediente incluye a familiares directos del exmandatario. Además de Cilia Flores, se señala a su hijo Nicolás Maduro Guerra, acusado de participar en reuniones con representantes de las FARC para coordinar el tráfico de drogas y armas hacia Estados Unidos.
La Fiscalía considera que estas gestiones formaban parte de un esquema de largo plazo para garantizar el flujo constante de cocaína durante varios años.
Colectivos armados como brazo operativoEl documento judicial también Acusan a la pareja Maduro-Flores de emplear colectivos armados para custodiar cargamentos de droga y ejecutar actos de violencia. contra quienes afectarán las operaciones ilícitas.
Según la imputación, estos grupos habrían participado en secuestros, golpizas y asesinatos vinculados a disputas por deudas del narcotráfico.
Aviones oficiales y rutas del narcotráficoCasos como la incautación de más de una tonelada de cocaína en un vuelo de Air France en 2013 son citados como evidencia del uso de infraestructura estatal para el tráfico de drogas.
La Fiscalía sostiene que, tras este episodio, se ajustaron rutas y métodos para continuar las operaciones, incluyendo el uso de aeronaves vinculadas a empresas estatales venezolanas para transportar drogas dentro y fuera del país.
Vínculos del gobierno de Maduro con el Tren de AraguaAunque el gobierno venezolano asegura haber desmantelado al Tren de Aragua, Estados Unidos lo incluye entre las organizaciones criminales asociadas al esquema de narcotráfico.
La imputación señala contactos entre líderes de la megabanda y personas vinculadas al régimencon ofertas para escoltar cargamentos de droga y controlar rutas estratégicas.
La próxima audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores está prevista para el 17 de marzo ante el juez Alvin Hellerstein, en un proceso que, según Washington, busca demostrar que el narcotráfico fue una política de Estado en Venezuela durante más de una década.
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