Puntos clave El Decreto 277 extiende una emergencia de 60 días a nueve provincias y tres cantones después de un fuerte aumento de los asesinatos. Relaja los límites a los registros domiciliarios y la vigilancia de datos, buscando redadas más rápidas y mejor inteligencia contra grupos armados. El mapa ampliado ahora cubre puertos, corredores costeros, centros turísticos y la región de Quito, remodelando los riesgos para los viajes y los negocios. Ecuador vuelve a gobernar bajo reglas de emergencia, y la nueva geografía muestra por qué los funcionarios escalaron.
El 31 de diciembre de 2025, el Presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 277, declarando el estado de excepción por 60 días.
Abarca Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.
También incluye La Maná en Cotopaxi, además de Las Naves y Echeandía en Bolívar. El decreto reemplazó un estado de excepción más limitado emitido en noviembre, ampliando la huella operativa en semanas.
El gobierno sostiene que la violencia está aumentando dentro de estos territorios y que la estabilidad nacional ahora depende de contenerla.
Las cifras policiales citadas en el decreto enumeran 1.232 víctimas de homicidio doloso en las provincias del 1 de noviembre al 23 de diciembre de 2025.
Las autoridades añaden cinco víctimas más en los tres cantones durante el mismo período de noviembre a diciembre. En el mismo expediente, las autoridades dicen que las provincias cubiertas representan el 92,1% de la violencia nacional.
Esa concentración explica el amplio mapa, pero también indica cuán desigual se ha vuelto la crisis. El decreto facilita las búsquedas suspendiendo las protecciones para el domicilio y la correspondencia privada.
Los crecientes poderes de emergencia de Ecuador muestran cuán rápido se está moviendo el mapa del crimen Las autoridades pueden ingresar cuando afirmen que hay indicios objetivos y razonables de que hay miembros de grupos armados en el interior o que allí se almacena contrabando.
El texto destaca las armas, los explosivos y las drogas, y trata las casas alquiladas como sitios logísticos comunes a corto plazo.
También permite la recopilación y el análisis específicos de datos de comunicaciones, pero sólo cuando los funcionarios lo consideren estrictamente necesario.
Cada caso deberá justificarse individualmente, vinculando la solicitud a prevenir o neutralizar una amenaza concreta.
El gobierno también detalla dónde se está acelerando la violencia en comparación con el mismo período en 2024.
Los Ríos se cita con un 71%, Santo Domingo con un 73%, Pichincha con un 27%, El Oro con un 25% y Manabí con un 18%.
Guayas aún suma el mayor número absoluto de muertes adicionales, lo que mantiene a la costa en el centro.
Los informes militares en el archivo registraron 1.842 alertas en diciembre, casi la mitad en Guayas.
Le siguieron Pichincha y Los Ríos, reforzando la sensación de presión hacia el interior y hacia el corredor de la capital.
Detrás de las cifras se esconde una afirmación contundente: los grupos criminales se están extendiendo desde las rutas costeras hacia los centros comerciales y la región de Quito.
Informes vinculados al decreto describen ataques con explosivos, asaltos armados en espacios públicos y amenazas dirigidas a jueces.
También describen casas alquiladas utilizadas como refugios, sitios de planificación y lugares de secuestro que pueden trasladarse rápidamente de un distrito a otro.
Para los inversores, residentes y viajeros, el mensaje es incómodo: el Estado está cambiando las protecciones de las libertades civiles por rapidez.
Los líderes apuestan a que redadas más rápidas y poderes de inteligencia más amplios puedan recuperar terreno después de años de gobierno permisivo.
Que funcione determinará el clima de negocios de Ecuador en 2026, la recuperación del turismo y la credibilidad de sus instituciones de seguridad.