Esta operación se centra en indicios que apuntarían a posibles movimientos irregulares de fondos de actividad económica de Plus Ultra| Foto EFE/Quique Curbeloes investigación por presunto delito de blanqueo de capitalesla Policía Nacional de España detuvo el jueves al dueño de Plus Ultra, Julio Martínez, y al director ejecutivo, Roberto Roselli. La actuación forma parte de una causa dirigida por un juzgado en Madrid y que se mantiene bajo secreto.
Los arrestos ocurrieron a primera hora de la mañana, cuando agentes se desplegaron para ejecutar las órdenes judiciales en la sede central de la directora, ubicada en Madrid.
Fuentes cercanas a la investigación detallaron a la agencia Efe que los agentes policiales entraron en las oficinas para solicitar documentación fiscal y financiera de la compañía. La aérea, antes de conocerse las detenciones, aseguró estar colaborando y facilitando “toda la documentación requerida”, insistiendo en que no se trataba de un registro como tal.
Presunto blanqueo y nuevas líneas de investigación sobre Plus UltraEsta operación se centra en indicios financieros que apuntarían a posibles movimientos irregulares de fondos relacionados con la actividad económica de Plus Ultra. Aunque los detalles permanecen bajo secreto judicial, los investigadores buscan determinar si la estructura social de la cabecera pudo haber sido utilizada para ocultar o canalizar capitales de origen ilícito.
El caso no está directamente vinculado -al menos por ahora- a las causas archivadas sobre el rescate estatal de 2021, aunque ocurre en un contexto en el que la actuación de la aerolínea vuelve a estar bajo escrutinio público.
El mismo juzgado que ahora dirige las nuevas diligencias llevadas en el pasado la causa por el rescate de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra en 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI.
Aquel proceso quedó archivado con el aval de la Audiencia Provincial de Madrid, después de que la magistrada instructora concluyera que no había indicios de delitos como malversación, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o concesión fraudulenta de ayudas públicas, como sostenían las denuncias del PP, Vox y la asociación Manos Limpias.
Las diligencias investigaban la actuación de Bartolomé Lara, expresidente en funciones de la SEPI, junto con miembros del consejo de administración que aprobaron el rescate mediante un real decreto del 9 de marzo de 2021.
Blanqueo de capitalesMás Ultra