Los congresistas de izquierda impidieron que el Congreso inhabitate al expresidente pedrocastillo para el ejercicio de la función pública por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. También bloquearon la misma sanción contra la ex primera ministra Betsy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta.
La propuesta para inhabilitar a Castillo Reunión 44 votos a favor, 31 en contra y tres abstenciones. Con ello, no alcanzó las 68 adhesiones necesarias para su aprobación en el pleno del Congreso.
Boletín Mientras Tanto
Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.
La oposición a la medida provino principalmente de las bancadas de Podemos Perú, Perú Libre, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Democrático, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular.
Al menos dos de ellas —Podemos Perú y Juntos por el Perú— mantienen vínculos políticos con Castillo o su entorno de cara a las elecciones generales de 2026.
BlindajeEn el caso de Betssy Chávez, la moción logró 54 votos a favor, 22 en contra y cuatro abstenciones. Finalmente, la propuesta para inhabilitar a Willy Huerta obtuvo 44 votos a favor, 30 en contra y siete abstenciones.
Castillo, Chávez y Huerta enfrentaron el proceso de acusación constitucional por presuntamente infringir 18 artículos de la Constitución, referidos a derechos fundamentales, deberes ciudadanos y reglas de la organización del Estado.
El rechazo a sus inhabilitaciones se produce una semana después de que el Poder Judicial los condenara en primera instancia a 11 años y cinco meses de prisión, además de imponerles dos años de inhabilitación, por el delito de conspiración para la rebelión.
Esa sentencia les impide participar en las elecciones generales del 2026, precisó el abogado constitucionalista Erick Urbina en diálogo con El Comercio.
“Basta con sentencia en primera instancia. Y ya la tiene Castillo. Ya está inhabilitado”, dijo.
El artículo 34-A de la Constitución señala que “están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”.
Desde BarbadilloCastillo participó en la sesión del pleno de manera virtual desde el penal de Barbadillo, en Ate, donde permanece recluido desde diciembre de 2022. El exmandatario repitió los mismos argumentos que ya fueron desestimados en el ámbito judicial: sostuvo que lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022 fue solo una “proclama” con anuncios que nunca llegaron a concretarse.
Sin embargo, aquel día Castillo dispuso la disolución del Congreso y anunció la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
El último miércoles, Castillo aseguró ante el pleno: “Solo hice una lectura trasladando el clamor del pueblo peruano a través de un discurso. Llámenle ustedes mensaje a la nación. Me están juzgando por defensor al Perú profundo”.
El exmandatario también fue defendido ante el Congreso por el abogado y exparlamentario Carlos Torres Caro, quien la semana pasada fue retirado de una sesión de la Comisión Permanente por lanzar agravios contra los legisladores.
El abogado y exparlamentario Carlos Torres ejerció la defensa de Pedro Castillo ante el pleno. Foto: César Bueno | GEC
Por su parte, el abogado Raúl Noblecilla defendió la defensa de Betssy Chávez, pero terminó siendo retirado del hemiciclo tras lanzar ofensas contra los congresistas, un comportamiento que ha repetido a lo largo de todo el proceso parlamentario por la denuncia constitucional contra la ex primera ministra.
Noblecilla no solo mantiene cercanía con Betssy Chávez. También forma parte de la plancha presidencial de Podemos Perú, encabezada por José Luna Gálvez, que competirá en las elecciones de 2026.
En tanto, el exministro Huerta ejerció su propia defensa, y denunció una presunta vulneración al debido proceso.
PosturasDurante el debate parlamentario, los congresistas de Juntos por el Perú rechazaron en bloque la inhabilitación de Castillo. El legislador Elías Varas, integrante de esa bancada, dijo que el exmandatario “más temprano que tarde regresará al poder”, y acusó a la mayoría parlamentaria de querer “eliminar adversarios mediante inhabilitaciones”.
En tanto, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) recordó que los propios abogados del exmandatario argumentaron públicamente, y en más de una ocasión, que este debía ser sancionado por infracciones constitucionales. Lo hicieron, agregaron, mientras buscaban descartar la posibilidad de sanciones penales.
El expresidente aún enfrenta ocho denuncias constitucionales mediante las cuales la Fiscalía ha solicitado al Congreso levantar su inmunidad para procesarlo por diversos delitos. Además, está sometido a un proceso judicial por presunta corrupción y pertenencia a una organización criminal.