Foto: ArchivoLa ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón, enfocada en la defensa de los derechos humanos, declaró este lunes que el cierre de la oficina técnica de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas confirma “la falta de voluntad del Estado venezolano” para asumir los compromisos necesarios para “superar la impunidad estructural” en el país.
En un mensaje publicado en X, la organización afirmó que el cierre de la oficina “deja al descubierto, una vez más, el incumplimiento reiterado de obligaciones internacionales por parte del Estado y la permanencia de un patrón de impunidad”.
#ATENCIÓN La decisión anunciada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de cerrar su oficina de asistencia técnica en Venezuela constituye un hecho de profunda relevancia para la defensa de los derechos humanos y para el escrutinio internacional sobre la tumba… https://t.co/F3L0C92S2Y
– Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) 1 de diciembre de 2025 “El Estado venezolano no solo enfrenta varias deficiencias institucionales, sino que muchas de sus máximas autoridades están señaladas como partícipes o responsables directos en los hechos investigados”, señaló la ONG.
En este sentido, agregó que “pretender que estas mismas instituciones impulsen reformas genuinas para garantizar verdad, justicia y reparación resultaba, desde un inicio, incompatible con la realidad del país”.
Cierre de la oficina no es un retrocesoA juicio de la organización, la decisión del cierre de la oficina técnica “no representa un retroceso en la investigación por crímenes de lesa humanidad” sino que, por el contrario, “ratifica que solo a través de su intervención puede garantizarse algún avance real, dada la ausencia de mecanismos internos efectivos”.
La Fiscalía del CPI anunció este lunes que cerrará su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” con Venezuela en materia de “complementariedad”, el principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que intervenga este tribunal.
Sin embargo, la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela “permanece activa” y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.
Justicia, Encuentro y Perdón ha denunciado que la persecución en Venezuela “no se limita a actores políticos”, sino que incluye también a “profesionales, ciudadanos y activistas”.
La ONG reportaba, hasta el 19 de noviembre, 1.080 presos políticos en el país, 177 mujeres y 903 hombres, incluyendo 42 extranjeros y 50 venezolanos con doble nacionalidad.
Por su parte, la ONG Foro Penal, que lleva un conteo a partir de metodología distinta, ha registrado hasta el 17 de noviembre 884 presos políticos, 768 hombres y 116 mujeres, incluyendo también 4 adolescentes.
El gobierno de Nicolás Maduro y también el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.
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