ACTUALIZACIÓN: A través de una carta notarial Roxana Margarita Castillo Temoche, esposa de Francisco Jhonny Arévalo Quispe, dio su versión e indicó que Juan José Santivañez representaba a su pareja en el proceso penal que se siguió ante el Ministerio Público. Castillo Temoche enfatizó en el documento que ni Arévalo quispe ni otro miembro de su beneficio familia “ha solicitado o requerido legal alguna de manera ilícita y mucho menos ha participado en sobornos a jueces y fiscales”.
Dos testigos protegidos declararon ante la Fiscalía que el ministro del Interior, Juan José Santiváñezrecibió sobornos de sus clientes cuando ejercía como abogado, con el propósito de influir de manera ilícita en decisiones judiciales. Según reveló “Cuarto Poder” este domingo, en estos hechos también estarían involucrados jueces y fiscales.
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Uno de los testimonios da cuenta de que Santiváñez habría solicitado US$ 60.000 para “arreglar” con los jueces encargados de resolver hábeas corpus de un involucrado en el Caso Escuadrón de la Muerte. Además, menciona a la exjueza Enma Benavides Vargas como un contacto clave dentro del Poder Judicial para los supuestos arreglos.
“Entre llantos le contó que Juan José Santiváñez Antúnez le había pedido US$ 60.000 para arreglar a los jueces. […] Él le dijo expresamente a ella que adentro del Poder Judicial tenía como persona de confianza a la jueza Enma Benavides Vargas, y que ella era la intermediaria para arreglar con diversos jueces, y que estos a su vez saquen resoluciones a su favor a cambio de dinero”, dijo uno de los testigos protegidos, identificado con el número 01-2025.
El otro testigo, identificado como el número 02-2025, agregó: “Juan José Santiváñez ordenó que averigüen el nombre del juez y del secretario que tenían a cargo la causa del hábeas corpus, porque Santiváñez quería acceder a ellos, ya que la persona cercana de su entonces patrocinó a Francisco Johnny Arévalo Quispe le habría pagado para que Santiváñez pague al juez del hábeas corpus y con ello pueda lograr su libertad”.
En otro caso, el actual ministro del Interior supuestamente pidió dinero al general PNP Héctor Javier Amesquita para evitar, de manera ilícita, una medida coercitiva en su contra. Esto por la compra irregular de mascarillas durante la pandemia de la Covid-19.
“A mediados del año 2020, un trabajador del estudio presenció el momento en que el general PNP Héctor Javier Petit Amesquita le entregó en efectivo la suma de S/ 60.000 a Juan José Santiváñez, y que tanto el requerimiento como la entrega del dinero fue en el mismo día, y que esto habría sido en el mes de junio del año 2020. […] Este dinero era el pago para el pago de coima al fiscal que estaba a carga del caso”, relató el mismo testigo protegido a la fiscalía, de acuerdo con “Cuarto poder”.
Además, los testimonios apuntan a que, antes de formar parte del gobierno actual, Santiváñez tuvo una red de cómplices para ocultar pruebas y manejar fondos ilícitos. Se señala a Yessenia Stefany De La Cruz Rivas, administradora del estudio de abogados de Santivañez, como supuesta cómplice en la gestión del dinero ilícito y en el ocultamiento de pruebas.
De acuerdo con los testigos protegidos, Santivañez tenía preferencia para contratar abogados con conexiones con fiscales y jueces supremos, o familiares con vínculos en las altas esferas de la justicia, entre ellos, un hijo de Enma Benavides.
La fiscalía investiga estas acusaciones que, como evidencias, incluyen chats, audios y videos, de acuerdo con “Cuarto poder”.
Niega acusaciónEl ministro negó las imputaciones de los testigos mediante un comunicado, precisó “Cuarto poder”.
“He tomado conocimiento por diversos medios de comunicación que la fiscal de la Nación, señora Delia Espinoza, habría solicitado el allanamiento de mi hogar basándose en dos supuestas declaraciones de testigos protegidos que habrían sido colaboradores del despacho que dirigí hasta el año 2024, antes de incorporarme al sector público.
El último viernes, Santiváñez se refirió al mismo caso en diálogo con Willax. Señaló que se trataba de una “cortina de humo” de la fiscal de la Nación.
“Presumo quiénes deben ser los dos colaboradores. […] Deduzco que es un practicante que fue echado por ladrón, por robarle clientes al estudio, […] y un procurador al que se despidió por afectar los intereses del estudio. […] Me parece una cortina de humo para pretender esconder un encubrimiento de la fiscal de la Nación a otro fiscal supremo”, dijo.