A casi un mes y medio de iniciado su gobierno, el presidente jose jeri afirmó, en una entrevista exclusiva con El Comercio, que “hasta que limpiemos el país será necesario vivir en estado de emergencia” y también refirió que su administración ha contenido el crecimiento de la ola criminal. No obstante, los exministros del Interior Carlos Basombrío y Rubén Vargas y el ex jefe de Gabinete Ministerial Pedro Cateriano cuestionan que no haya ofrecido cifras ni datos que respalden sus palabras.
Basombrío consideró que es muy probable que durante todo el gobierno de transición el país esté bajo estado de emergencia, a raíz de las expresiones del mandatario.
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“Definitivamente, va a mantener los estados de emergencia hasta que termine el gobierno. Y sus palabras no se condicen con la verdad y la realidad, porque él dice ‘hasta que limpiamos el país de la delincuencia’. El señor Jerí no va a limpiar al país de la delincuencia, el estado de emergencia no es el eje de ninguna estrategia. Se ha demostrado que no significa gran cosa”, manifestó.
Lee también: José Jerí en entrevista exclusiva con El Comercio: “Yo no creo en Martín Vizcarra”El ex titular del Interior, además, refirió que lo serio sería que el jefe de Estado muestre con cifras en la mano si las denuncias por extorsión se han reducido y si los homicidios han descendido respecto al gobierno de Dina Boluarte (2022-2025). “Para sostener esa afirmación [de que ha contenido la ola criminal] debe dar datos consistentes, si no es una afirmación que no tiene mayor solidez”, subrayó.
(Foto: Archivo GEC)
/ JORGE CERDÁNEn diálogo con este Diario, Basombrío sostuvo que el estado de emergencia se da “ante una situación excepcional” y que cuando “se vuelve permanente es una violación de la Constitución, claramente”. ¿Por qué? “Porque se les quita derechos a los ciudadanos, como la inviolabilidad de domicilio”, opinó.
Los mismos erroresA su turno, el exministro del Interior Rubén Vargas indicó que, en la práctica, el presidente Jerí está diciendo “que se van a seguir cometiendo los mismos errores y los mismos problemas”, cuando la respuesta al crimen organizado tiene como pilar el estado de emergencia.
“Ojalá que los estados de emergencia si funcionaran y, entonces sí podríamos reclamar que se mantengan hasta que se supere el problema. ¿Cómo vamos a mantener una respuesta estatal que a todas las luces y en todos estos años que se ha aplicado ha sido un absoluto fracaso? Lo que dice el presidente es que ‘vamos a seguir fracasando'”, remarcó.
Lee también: ANP critica pedido de facultades de José Jerí por incluir un delito que limitaría la libertad de prensaEn declaraciones a El Comercio dijo que “ojalá fuese cierto” que se haya contenido el crecimiento de la criminalidad, como manifestó Jerí.
“Pero claramente las cifras no mienten. Hay tres indicadores que se usan para analizar la situación de inseguridad: 1. La tasa de homicidios, en el caso peruano sigue desbordada; 2. La percepción de inseguridad, el 90% de los peruanos, nos seguimos sintiendo absolutamente inseguros en el país; y 3. La incidencia delictiva, la principal son las extorsiones. Y no se ha hecho nada en contra de ellas”, criticó.
“¿Cuáles son las cifras que le indican al presidente que se ha contenido el desborde criminal? Los asesinatos siguen, las extorsiones también. La minería ilegal está en su mayor bonanza, al igual que la cocaína”, complementó.
Lee también: Jerí, un ‘forastero’ de sí mismoPánico al CongresoPor su parte, el ex jefe de Gabinete Ministerial Pedro Cateriano dijo que la continuidad del estado de emergencia “es más de lo mismo”.
“Lo que se necesita es una labor de inteligencia, una acción policial no politizada. El Parlamento, con las normas que ha dictado bloquear la acción de la justicia. Por ejemplo, que las escuchas telefónicas duren el tiempo que se requiere para las investigaciones, que son largas. Limitarla a cuatro meses es un impedimento grave”, manifestó.
En comunicación con El Comercio, Cateriano indicó que Jerí ha debido presentar un paquete legislativo para derogar estas normas calificadas como “pro-crimen” por un sector de los transportistas, que ha acatado paralizaciones en las últimas semanas. Pero en vez de eso, busca imponer una ley mordaza dentro de una solicitud de facultades legislativas.
(Foto: Joel Alonso/El Comercio)
“El gobierno no ha presentado una propuesta legislativa que rectifique, que corrija esta situación. Se mantiene mudo, ciego y sordo en ese aspecto, porque le tiene pánico al Congreso”, criticó.
El también exministro de Defensa sostuvo que el presidente tiene que informar qué acciones concretas ha adoptado su administración para destrabar la construcción de nuevos penales.
Lee también: Encuesta Datum: José Jerí registra 58% de aprobación tras su primer mes al frente del gobiernoBasombrío y Vargas también coincidieron en que una de las tareas del gobierno de transición es la derogación de las leyes que han debilitado la lucha contra el crimen organizado.
“Hay un conjunto de leyes que se han dado en el Congreso con el propósito de protegerse a ellos mismos de las investigaciones, sobre todo de delitos de corrupción. Han cambiado las normas contra el crimen organizado y las han diluido para que ellos no puedan ser afectados. Y hay que decir que esto fue con el voto del señor Jerí”, señaló Basombrío.
Vargas puso como ejemplo que los cambios a la ley de pérdida de dominio permiten que ahora se financie al crimen organizado. “Las economías ilegales, la cocaína, el oro ilegal y el contrabando, movilizan en conjunto US$15.000 millones al año. ¿Cómo lavan ese dinero? ¿Por qué se recortó la ley de pérdida de dominio?”, preguntó.
El exministro del Interior cuestionó que se hayan retirado los delitos de corrupción de la figura de crimen organizado.
“Nuestro principal problema es precisamente la corrupción en el poder. Necesitamos derogar esas leyes si queremos enfrentar el desborde criminal”, finalizó.