MEDIDA. El Gobierno de Perú prorrogó por 30 días, el estado de emergencia vigente en Lima y la provincia portuaria vecina del Callao, con el objetivo de hacer frente al crimen organizado y la delincuencia común. Lima y Callao son las localidades afectadas por la medida, que busca poner fin a la ola de extorsiones y sicariato en el país sudamericano.
DW/EFE/AFP
El Gobierno de Perú prorrogó por 30 días, el estado de emergencia vigente en Lima y la provincia portuaria vecina del Callao, con el objetivo de hacer frente al crimen organizado y la delincuencia común, señaló una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.
La norma ratificó que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y se restringen derechos constitucionales como a la inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión, así como libertad y seguridad personal. Además, se debe solicitar permiso a las autoridades para realizar actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, mientras que para las actividades que no tengan carácter masivo no se necesitará una autorización previa.
El decreto indicó que durante la prórroga del estado de emergencia se mantendrán vigentes complementarias como el control territorial mediante satélites, las restricciones en los establecimientos penitenciarios y la participación de cadetes de la PNP y de las Fuerzas Armadas en operaciones específicas.
Combatir al crimen organizado desde las cárceles
La decisión se oficializó dos días después de que el presidente de transición de Perú, José Jerí, anunció que el estado de emergencia continuaría vigente porque se está «en guerra» contra el crimen organizado. La medida de excepción en Lima y el Callao entró en vigencia el pasado 22 de octubre, con el objetivo de «pasar de la defensiva a la ofensiva» en la lucha contra la criminalidad, según dijo en ese momento el gobernante.
Jerí también anunció este martes que su Gobierno tomará medidas «mucho más contundentes» para cambiar la situación en las cárceles, ya que las autoridades señalan que desde esos lugares se coordinan muchos de los delitos que se cometen en el país, principalmente los vinculados a la extorsión y el sicariato.