La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pachecose consideró que el Ministerio Público “ha tenido la última responsabilidad” en el caso de la golpista exprimera ministra Betsy Chávezquien se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima.
En declaraciones a los periodistas en el Congreso, indicó que la fiscalía “tenía la potestad” de solicitar nuevas medidas para asegurar la presencia física de Chávez Chino en el juicio que enfrenta por el golpe de Estado que perpetró el expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
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Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.
LEER MÁS: Betssy Chávez: PJ evaluó pedido de prisión preventiva contra asilada exministra“Si somos honestos, quien ha tenido la última responsabilidad -con todo cariño y respeto- ha sido la fiscalía porque cuando se dio la sentencia tenía toda la potestad de ordenar nuevamente unas más rígidas para tener un mayor control”expresó.
“No lo hizo, la dejó en total libertad -por decir así-, comparecencia simple, entonces la responsabilidad no se le puede atribuir al Tribunal, sino a quien corresponde. Tampoco al juez, porque de oficio no podía dar esas medidas”agregó.
LEER MÁS: Betssy Chávez: las implicancias de la decisión de dejar en suspenso su salvoconducto para que viaje a MéxicoEn ese sentido, Pacheco Zerga remarcó que el TC no tiene “responsabilidad directa” en la decisión de Betsy Chávez de buscar asilo a México porque le correspondía al Ministerio Público solicitar medidas restrictivas “y no lo hizo”.
“[Responsabilidad] directa, claro que no la tiene (el Tribunal). Cuando se declaró que tenía que dejarse en libertad a la señora, allí hubiera podido insistir el Ministerio Público y no lo hizo. No podemos atribuir culpas que no nos corresponden”subrayó.
LEER MÁS: Betssy Chávez: Asilada exministra afronta doble pedido de inhabilitación y solicitud prisión preventivaCabe indicar que la Cancillería peruana decidió no otorgar por ahora el salvoconducto a Betsy Chávez y que planteará modificaciones al tratado que regula el asilo, la Convención de Caracasal considerar que se ha “desnaturalizado” al ser concedido a personas que no son perseguidas, sino procesadas por delitos comunes.
Tras conocerse este hecho, el Gobierno peruano anunció su decisión de romper relaciones diplomáticas con la nación mexicana.
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